Vulneración a la salud y a la vida como derechos fundamentales

El artículo 11 de la Constitución Política de Colombia establece que “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. (Artículo 25, Constitución Política de 1991). Ademas establece en el artículo, posteriormente en desarrollo de la Constitución de 1991, l a Ley Estatutaria 1751 de 2015...

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Autores:: Cubillos Gamboa, Marco Antonio

Tipo de recurso:: Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:: 2023

Institución:: Universidad Libre

Repositorio:: RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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Summary:	El artículo 11 de la Constitución Política de Colombia establece que “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. (Artículo 25, Constitución Política de 1991). Ademas establece en el artículo, posteriormente en desarrollo de la Constitución de 1991, l a Ley Estatutaria 1751 de 2015, reconoce la salud como un nuevo derecho fundamental, garantizando la dignidad humana y la igualdad de oportunidades de todos los colombianos. Desde sus comienzos la Corte Constitucional había considerado que, aunque la salud no era un derecho fundamental, podía ser exigida por medio de la acción de tutela cuando se encontraba en conexidad con el derecho a la vida, Sentencia T-597 de 1993.Pero más aún, la Corte Constitucional había declarado como fundamental este derecho desde la Sentencia T-016 de 2007, reiterado por muchas decisiones de tutela. Ahora bien, el derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre; la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos garantizándoles su supervivencia. En nuestra constitución política, en su artículo 44 y 49 la salud y la seguridad social son prestaciones por estar consignados dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. Dicho derecho a la salud en el Estado social de derecho es considerado como derecho fundamental por ser universal, irrenunciable, inherente a la persona humana, integral, integrador, esencial para la materialización de una vida digna, y con calidad y vitalidad, para la eficacia real del principio de igualdad material. Al hablar de la dualidad del derecho a la salud en Colombia, es importante decir que este se constitucionalizo de forma expresa en los artículos 44 y 49 de la Constitución Política de Colombia esta hace referencia a la consideración de este como derecho constitucional y como servicio público esencial a cargo del Estado, ya que además de presentar un rango fundamental por su conexidad con el derecho a la vida, la dignidad humana y la integridad personal. Ahora bien, desde ese marco de ideas, el derecho constitucional contribuye al desarrollo de esta temática, por cuanto permite analizar la Constitución Política de Colombia de 1991 en nuestro ordenamiento jurídico, “el ejercicio del derecho a la seguridad social ya que los servicios públicos de salud se encuentran respaldado por los artículos 7, 9 y 11 de la Constitución política de Colombia. Cabe decir que dicho derecho es menoscabado en cada momento, puesto que el servicio de atención en salud en nuestro país es precario, ya que no se cuenta con una infraestructura adecuada para la prestación del servicio y mucho menos con profesionales idóneos en la materia. Todo esto conlleva a que el derecho a la vida también se vea vulnerado. La salud al ser un derecho fundamental puede ser protegido mediante la acción de tutela cuando resulte amenazado o vulnerado y no exista otro medio idóneo de defensa judicial, presupuesto que cobra mayor relevancia cuando los afectados son sujetos de especial protección constitucional, como quienes padecen enfermedades degenerativas, catastróficas y de alto costo, entre ellas, el cáncer. Este trato diferenciado tiene fundamento en el inciso 3º del Artículo 13 de la Constitución Política y en los Artículos 48 y 49 del mismo texto. Igualmente, ha considerado la Corte Constitucional que la tutela es procedente en los casos en que “(a) se niegue, sin justificación médico-científica, un servicio médico incluido dentro del Plan Obligatorio de Salud o (b) cuando se niegue la autorización para un procedimiento, medicamento o tratamiento médico excluido del POS, pero requerido de forma urgente por el paciente, quien no puede adquirirlo por no contar con los recursos económicos necesarios. Esta acción constitucional desde la Constitución de 1991, ha cogido mucha fuerza más que todo en el tema de la garantía del derecho a la salud, el cual es fundamental por conexidad con el derecho fundamental a la vida, puesto que por el mal servicio de atención a la salud, la falta de medicamentos, carencia de infraestructuras hospitalaria, cobertura y la misma prestación del servicio, los ciudadanos menores y mayores de edad, deben interponer en cada momento ante el juez constitucional la acción de tutela para que se les sea reconocido dichos procesos y procedimientos para que no se vea menoscabado su propia vida e integridad personal. El artículo 49 de la Carta Política indica que (i) la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado que debe garantizar el acceso, la promoción, protección y recuperación de la salud en favor de todas las personas; (ii) el Estado deber organizarlo, dirigir y reglamentar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; (iii) los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad, y (iv) la ley deberá señalar los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. En términos generales, el derecho a la salud comprende el derecho al nivel más alto de salud posible dentro de cada Estado, el cual se alcanza de manera progresiva. No obstante, la jurisprudencia también ha reconocido que la noción de salud no es unívoca y absoluta. En estado social y democrático de derecho que se reconoce a sí mismo como pluriétnico y multicultural, la noción constitucional de salud es sensible a las diferencias tanto sociales como ambientales que existan entre los diferentes grupos de personas que viven en Colombia. La jurisprudencia constitucional ha considerado que, el derecho a la salud es un elemento estructural de la dignidad humana que reviste la naturaleza de derecho fundamental autónomo e irrenunciable, cuyo contenido ha sido definido y determinado por el legislador estatutario y por la jurisprudencia de esta Corte. En ese sentido, el servicio público de salud, consagrado en la Constitución Política como derecho económico, social y cultural, ha sido desarrollado jurisprudencial y legislativamente, delimitando y depurando tanto el contenido del derecho, como su ámbito de protección ante la justicia constitucional. - Sentencia T-012/20 Las entidades promotoras de salud no sólo tienen la obligación de garantizar la oportuna y eficiente entrega de los medicamentos que requiere el paciente, sino también la de adoptar medidas especiales cuando se presentan barreras injustificadas que impidan su acceso, ya sea por circunstancias físicas o económicas, más allá de las cargas soportables que se exigen para los usuarios del sistema, pues de ello depende, en muchos casos, el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la integridad física.( Sentencia T-012/20). Adicionalmente, la prestación del servicio de salud debe darse de forma continua. Este principio implica que la atención en salud no podrá ser suspendida al paciente, en ningún caso, por razones administrativas o económicas, entre otras razones, porque ello constituiría un agravio a la confianza legítima (Sentencia T-1999 de 2001). Frente a esta situación se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿De qué manera se está presentando la vulneración a la salud y a la vida como derechos fundamentales? Para dar respuesta a esa pregunta, El presente artículo tiene como objetivo analizar la Vulneración a la salud y a la vida como derechos fundamentales. Con relación a la metodología, se asume un enfoque jurídico, definido por Moncayo, (2016) como aquel que “estudia el derecho en la vida social, orientada a estudiar la condicionalidad social del derecho, a los efectos de éste en la sociedad y a su eficacia como norma reguladora de relaciones sociales” (p. 19). Además, el tipo de investigación es analítica porque su interés se centra en “explicar por qué ocurre el fenómeno planteado y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas” (García e Ibarra, 2020, p. 2). Igualmente, se adopta un modelo de tipo cualitativo, en la medida en que se orienta el análisis hacia el entendimiento del de la vulneración a la salud y a la vida como derechos fundamentales. Desde el punto de vista teórico, el desarrollo de este artículo permite conocer la manera en que se está presentando la Vulneración a la salud y a la vida como derechos fundamentales. Así, se puede aportar al conocimiento de las realidades alrededor de la presencia de la forma como se están vulnerando estos derechos en Colombia Los resultados que arroje la investigación pueden devenir en un punto de referencia para propuestas que fortalezcan las acciones presentes y futuras para contribuir a una posible disminución progresiva de estas vulneraciones a derechos considerados como fundamentales. A nivel social, se aspira a que se utilice la propuesta de tal manera que se mejoren las condiciones para que estos derechos no sean vulnerados y la percepción que esta tiene sobre las gestiones que han venido haciendo las autoridades para el control de esta problemática. Con el uso de esta metodología y en función de la consecución del objetivo de la investigación, el trabajo está dividido en tres partes cardinales: el primero, se inicia con la introducción; el segundo, interpreta las matrices para luego presentar El acápite final destinado a las conclusiones generales del artículo de reflexión.

Vulneración a la salud y a la vida como derechos fundamentales

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