La perspectiva jurisprudencial de la planeación en la contratación estatal

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se fundamenta en unos principios que orientan la contratación estatal, los cuales se extienden y son de obligatorio cumplimiento para aquellas entidades estatales que cuentan con un régimen de contracción especial. A través de la doctr...

Full description

Autores:
Medina Ibarra, Sandra
Hurtado Suárez, Julio Ernesto
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/18555
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/18555
Palabra clave:
Perspectiva jurisprudencial
Contratación estatal
Derecho
Planning principle
Jurisprudence
State Contracting
Contratación ( trabajo)
Contrato de aprendizaje
Principio de planeación
Jurisprudencia
Contratación Estatal
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se fundamenta en unos principios que orientan la contratación estatal, los cuales se extienden y son de obligatorio cumplimiento para aquellas entidades estatales que cuentan con un régimen de contracción especial. A través de la doctrina y la jurisprudencia se ha ido desarrollando un principio que hoy es el centro de atención de la opinión pública, ya que muchos de los actos de corrupción denunciados, de las obras inconclusas, de las decisiones judiciales que ponen fin a controversias contractuales giran en torno a la inobservancia o violación del principio de planeación. Su estudio debe abordarse desde la perspectiva jurisprudencial del Consejo de Estado ya que su desarrollo ha sido jurisprudencial. Su comprensión y alcance permite a las entidades estatales orientar sus procesos de contratación previendo situaciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras que pueden afectar la satisfacción de sus necesidades y por ende el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados