Crisis carcelaria: de la prohibición de subrogados penales y su contribución al hacinamiento penitenciario en Colombia

En el derecho penal colombiano existen figuras encaminadas a sustituir la pena privativa de la libertad, estos mecanismos se encuentran consagrados en la Ley 599 del 2000, con la intención de contribuir con los fines de prevención, retribución y resocialización que tiene la pena en Colombia; lo ante...

Full description

Autores:
Naranjo-Acevedo, Yeimy Paola
Arenas-Ramirez, Diana María
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Católica de Oriente
Repositorio:
Repositorio UCO
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uco.edu.co:20.500.13064/1731
Acceso en línea:
https://repositorio.uco.edu.co
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/1731
Palabra clave:
Derechos fundamentales
Principios
Pena
Prohibición
Beneficios
Subrogados
Redemption
Principles
Penalty
Prohibition
Resocialization
Derechos humanos
Derechos fundamentales
Derecho humanitario
Dignidad de la persona
Necesidades básicas
Derecho penitenciario
Responsabilidad penal
Rights
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:En el derecho penal colombiano existen figuras encaminadas a sustituir la pena privativa de la libertad, estos mecanismos se encuentran consagrados en la Ley 599 del 2000, con la intención de contribuir con los fines de prevención, retribución y resocialización que tiene la pena en Colombia; lo anterior, contrastado, con los límites que el legislador impone frente a los subrogados penales, con el fin de pretender la protección de otro bienes jurídicos, ponderando las ventajas o beneficios que se pueden generar cuando no se conceden subrogados a todos los infractores de la ley penal, en contraposición a los derechos fundamentales de las víctimas. No obstante, basados en la doctrina y la jurisprudencia constitucional no se alcanzan a reconocer, siendo vulnerados los postulados de humanización y resocialización de la pena, al establecerse prohibiciones diferenciales sobre delitos graves considerados por el legislador.