La aplicación del principio de precaución en Colombia: reflexiones jurídicas y económicas

En el contexto jurídico-económico nacional e internacional, se ha instalado un importante debate sobre la posible implementación del llamado Principio de Precaución (en adelante el PP) como una herramienta con la capacidad de limitar la ejecución de diferentes actividades consideradas como potencial...

Full description

Autores:
Llinás Gutiérrez, Jaime
Hoz Orozco, Orlando de la
Tipo de recurso:
Tesis
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad del Norte
Repositorio:
Repositorio Uninorte
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:manglar.uninorte.edu.co:10584/12330
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10584/12330
Palabra clave:
Tecnología -- Evaluación de riesgos
Medio ambiente -- Colombia
Rights
openAccess
License
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Description
Summary:En el contexto jurídico-económico nacional e internacional, se ha instalado un importante debate sobre la posible implementación del llamado Principio de Precaución (en adelante el PP) como una herramienta con la capacidad de limitar la ejecución de diferentes actividades consideradas como potencialmente peligrosas para la salud humana y el medio ambiente. Es así como en el escenario local se encuentran decisiones tales como la prohibición del uso del glifosato, o la propuesta legislativa de prohibir de forma definitiva la fracturación hidráulica de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. La indiscutible relevancia del debate se constituye como motivación para ejecutar en el presente documento un análisis del PP desde una óptica multidisciplinar que permita un abordaje sólido de su contenido e implicaciones conexas a su implementación, determinando así la posible pertinencia de ejecutar cambios a la forma en que el mismo es aplicado por parte de la rama ejecutiva en procesos administrativos como el licenciamiento ambiental. La Constitución Política de Colombia, expedida en el año de 1991, en sus artículos 8°, 79, 80, 289 y 334 han establecido el derecho de gozar de un medio ambiente sano, además de establecer las bases constitucionales que fundamentan el deber, en cabeza de particulares y entidades públicas, de proteger el medio ambiente. Por otro lado, la realidad económica del país ha tendido de manera clara a hacer de la explotación de hidrocarburos, una de las principales actividades económicas, a través de la cual el Estado se financia en la consecución de sus fines. La explotación de hidrocarburos tiene un gran impacto en distintos frentes de la economía colombiana. Son una fuente generadora de divisas, representan la mitad de las exportaciones del país, una tercera parte de la inversión extranjera directa, como también un cuarto de los ingresos corrientes del Gobierno Nacional (Ministerio de Minas y Energía). De los datos ofrecidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el sector ‘Extracción de petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio’ en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2017. Los resultados reflejan que el sector ha tenido una participación considerable en el Producto Interno Bruto (PIB) en el periodo de análisis, aunque su crecimiento no haya sido uniforme. La participación promedio del sector en el PIB para el periodo de análisis es del 4,7%. El crecimiento económico jalonado por la explotación de hidrocarburos es indiscutible. La participación que esta actividad económica tiene en el Producto Interno Bruto la posiciona como una actividad indispensable para la economía colombiana, aunque ha de tenerse en consideración que la extracción de hidrocarburos implica costos medioambientales que también merecen una valoración, los cuales han sido en parte visibilizados en varias sentencias de nuestra Corte Constitucional.