Hasta qué punto la Superintendencia de Industria y Comercio puede intervenir una empresa de servicios públicos domiciliarios (2017)
En los últimos años, Colombia ha experimentado un crecimiento notorio del 0.9% anual para el año 2015 en su población según las estadísticas publicadas por el Banco Mundial, la cual se concentra en los principales núcleos urbanos del país. Con ello, nace la necesidad estatal por mandato constitucional y legal de garantizar a todos sus ciudadanos el acceso a los servicios públicos domiciliarios más esenciales, como son la energía eléctrica, agua potable y gas domiciliario. Según el DANE para el año 2015 hubo un aumento en la cobertura de servicios públicos domiciliarios esenciales en las áreas urbanas y las zonas rurales dispersas. Sin embargo, dicha cobertura aun presenta deficiencias en la prestación de servicios debido a factores externos como las vías de acceso a los lugares donde se realizaran instalación de redes, acueductos, entre otros o la precariedad de las viviendas en áreas suburbanas o rurales que dificultan la instalación de instrumentos necesarios para el buen funcionamiento del servicio a prestar. Con el crecimiento de la población, los cambios económicos y manejo de políticas públicas han puesto en una situación decisiva a las empresas privadas que prestan servicios públicos domiciliarios en Colombia. Si bien, hay empresas que prestan servicios sin mayores contratiempos, hay otras que no cumplen con las expectativas de vida y calidad de servicio que requiere un ciudadano en la actualidad, ya sea por factores externos a la empresa prestadora del servicio o por factores al interior de la compañía por falta de recursos económicos, personal a su servicio, entre otros y es aquí donde nace la necesidad de investigar quién y hasta qué punto la Superintendencia de Industria y Comercio puede intervenir una empresa privada que presta servicios públicos domiciliarios sin interferir en las competencias de la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos bajo el único propósito de garantizar la prestación de un determinado servicio público en forma continua e ininterrumpida a la población colombiana.