Contratación pública y negociación (2016)
La posibilidad de utilizar la transacción, como instrumento de negociación para solucionar en forma ágil, rápida y directa las discrepancias originadas por el contrato estatal fue introducida por la Ley 80 de 1993 con el propósito de que la solución celera de conflictos contractuales impidiera el menoscabo del interés general, facilitando en consecuencia la materialización de los objetivos administrativos. Sin embargo, la práctica ha evidenciado que las entidades habilitadas para contratar y los contratistas, que pretendan resolver sus desavenencias contractuales a través de transacción se encuentran, al momento de utilizar este instrumento de negociación con el objetivo de renunciar a pretensiones y realizar recíprocas concesiones, frente a normas oscuras, vagas e incluso indeterminadas en cuanto a sus límites de negociación y disposición de derechos respecta. Ello obedece a que el contrato estatal se cimienta en fines completamente distintos a los contratos de orden privado. Así, los primeros procuran satisfacer necesidades colectivas y cumplir, como se mencionó, con objetivos administrativos, mientras que los segundos se enfocan en solventar intereses estrictamente privados. Por otro lado, los vastos fundamentos legales y jurisprudenciales vigentes sobre la materia han contribuido a que las entidades estatales y los particulares no puedan determinar con exactitud sus límites de negociación y disposición de derechos en el marco de la transacción. En vista de lo anterior este estudio, 21 de tipo exploratorio descriptivo, se ocupó de realizar un análisis acucioso de las normas legales, apuntes doctrinales y decisiones jurisdiccionales vigentes, aplicables a la materia, para tratar de abordar este problema y determinar con mayor exactitud los límites a la capacidad de disposición y negociación de las partes involucradas en un conflicto surgido del contrato estatal, que pretenda resolverse a través de transacción.