Organización del territorio rural a través de las ZRC, las ZDE y las ZIDRE: tensiones y problemas no resueltos (2016)
La notable inconformidad de algunos actores rurales con la situación actual del campo en Colombia, se debe principalmente a factores internos resultantes de la crisis estructural que padece este sector como consecuencia de un modelo de desarrollo agropecuario impulsado desde el marco de la globalización neoliberal con olvido de problemáticas históricas. Las políticas públicas que normalmente se han implementado prefieren la rentabilidad, por encima de la atención a las necesidades sociales, de reconocimiento y reivindicación que las comunidades que tradicionalmente han venido habitando el campo, exigen desde hace largo tiempo. Asuntos tales como la utilización eficiente del suelo, la distribución equitativa del mismo, la soberanía y seguridad alimentaria además de los efectos del conflicto político colombiano, se han visto desplazados por el incentivo a actividades productivas que no permiten un desarrollo real ni sostenible del campo. Con un coeficiente de Gini de 0,86 resultado de un 77,6% de tierras en manos de tan solo un 13,7% de la población, Colombia se ubica entre los países con mayor concentración de la propiedad rural (Ibáñez y Muñoz, 2011), generando, además de un deterioro de recursos y niveles de productividad inapropiados, pobreza, desintegración y marginalidad social. En este panorama desigual, rezago de la época colonial (López, 2008), fortalecido por intentos fallidos de reformas agrarias y por la imposición de un modelo que le apuesta con fuerza a la industrialización del campo; se han venido desarrollando paralelamente dos formas de actividad productiva: por un lado, la campesina o tradicional (que más que una forma de producción, es un rasgo cultural) y por otro la comercial o empresarial. La pugna sobre la tierra entre quienes las practican (campesinos y empresarios), ha sido una constante en la historia de la 2 agricultura colombiana con implicaciones directas en la violencia que desde hace muchos años caracteriza al sector rural del país. (Fajardo, 2012) Con el ánimo de aminorar dichas confrontaciones y de responder a las exigencias de la población campesina, que normalmente es la que ha visto desasistida su demanda de tierra, surgieron con la Ley 160 de 1994 dos figuras jurídicas bastante particulares: las Zonas de Reserva Campesina –ZRC- y las Zonas de Desarrollo Empresarial –ZDE-, las cuales, tal como su nombre lo indica, buscan delimitar áreas del país en las que se ubiquen respectivamente campesinos con sus modos de vida característicos y forma de producción tradicional y empresarios con su forma de producción comercial.