¿En la expropiación administrativa colombiana, llevada en el municipio de Medellín, se presenta la violación al debido proceso? (2005)
En el derecho moderno se reconoce a la propiedad como un derecho relativo y no absoluto, como resultado de la evolución de principios de orden filosófico y político que han influido en el proceso de su consolidación jurídica, como es el caso de la prevalencia del interés general sobre el particular, el cual ha contribuido a limitar en buena medida los derechos, atributos o poderes reconocidos a los propietarios por las normas jurídicas. Esta concepción absolutista de la propiedad, ha cedido paulatinamente a la nueva realidad que exige el cumplimiento de cargas, tanto jurídicas como sociales por parte del titular del derecho real de dominio que en determinado momento lo involucran en conceptos subjetivos como el de utilidad pública e interés social y que llevan a desarrollar un mecanismo, como es la expropiación administrativa, para conseguir que la propiedad privada cumpla esa función social que le asignó la Constitución de 1991 y así se puedan cumplir los fines del Estado Colombiano. Pero haciendo un análisis del proceso de expropiación administrativa se concluye que, aunque el procedimiento se lleva de acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997 reglamentada por el Decreto 1420 de 1998, se presenta en algunas de sus etapas, violaciones al derecho fundamental denominado debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.