La prueba ilícita en el ordenamiento jurídico colombiano (2012)
El sistema procesal penal regulado en la ley 906 de 2004 con tendencia acusatoria, contiene claros mandatos que desarrollan el inciso final del artículo 29 de la constitución nacional, por lo tanto, cualquier prueba obtenida con vulneración del debido proceso es nula de pleno derecho y se debe excluir de la actuación. Diferenciando los conceptos de prueba ilegal y prueba ilícita se determinarán las consecuencias jurídicas de esta última, ratificando el papel fundamental que tiene la prueba para el logro de los fines del proceso penal, todo ello enmarcado dentro del sistema de Estado Constitucional.