La acción popular como vía procesal idónea para discutir la legalidad de los actos administrativos
La interpretación de las distintas secciones del Consejo de Estado sobre el alcance de las competencias del juez popular en punto de anulación de actos administrativos no ha sido uniforme, y sus diversos criterios pueden agruparse en dos grandes líneas jurisprudenciales. Una primera postura del Cons...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad de Medellín
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- Palabra clave:
- Acción pública-Jurisprudencia-Colombia
Actos administrativos-Jurisprudencia-Colombia
Acción pública-Jerarquía normativa-Colombia
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La interpretación de las distintas secciones del Consejo de Estado sobre el alcance de las competencias del juez popular en punto de anulación de actos administrativos no ha sido uniforme, y sus diversos criterios pueden agruparse en dos grandes líneas jurisprudenciales. Una primera postura del Consejo de Estado, que podría calificarse de “restrictiva”, niega las atribuciones del juez popular para anular actos administrativos, sobre la base de la presunción de legalidad de los mismos y de la existencia de otros medios judiciales (contenciosos objetivo y subjetivo) creados justamente para enervar dicha presunción ante la jurisdicción contenciosa, o lo que es igual, la acción popular no está establecida para definir la legalidad de actos administrativos, en tanto no se pueden controvertir por cuanto pueden ser atacados mediante acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, a través de las cuales los interesados pueden alegar y demostrar que con la expedición de los actos impugnados la administración violó normas de orden superior a las que debía sujetarse. Criterio que encuentra respaldo en un sector de nuestra doctrina: Tamayo Jaramillo, Javier, Las acciones populares y de grupo en la responsabilidad civil, Editorial Diké, Medellín, 1ª edición, 2001, pág. 111 y ss. En contraste, una segunda tendencia jurisprudencial, que podría denominarse “amplia”, encuentra que el juez de la acción popular está dotado de competencia para anular el acto administrativo, cuando quiera que éste viole un derecho colectivo, o lo que es igual, permite atacar el acto administrativo mediante acciones populares, logrando incluso su nulidad. Algunos autores respaldan esta postura: Hernández Enríquez, Alier E. La presunción de legalidad de los actos administrativos y de validez de los contratos estatales en las acciones populares, Instituto Antioqueño de responsabilidad civil y del Estado, octubre de 2001; Bejarano Guzmán, Ramiro, Procesos declarativos, tercera edición, Temis, Bogotá, 2005, p. 182; Botero Aristizabal, Luis Felipe, Acción popular y nulidad de actos administrativos, Serie LEX Nova, Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y Ed. Legis, Bogotá, primera edición, 2004, pág. 85 y ss. |
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