Función constitucional del juez de ejecución de penas

La figura del juez de ejecución de penas y Medidas de seguridad en Colombia tiene su origen en la constitución política de 1991, y más exactamente con la entrada en vigencia de la ley 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) donde se estipularon sus funciones en el Libro IV artículo 75. Más tarde en la ley 65 de 1993, actual código penitenciario y carcelario, se establece la regulación en su artículo 51 del título V. Fue así como, “el Consejo Superior de la Judicatura, en uso de las facultades conferidas por el decreto 2652 de 1991 y el Código de Procedimiento penal, mediante acuerdo No. 14 del 7 de Julio de 1993, creó los primeros juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del país, con sede en Santa Fe de Bogotá, Cúcuta, Ibagué, Popayán, Tunja, Palmira y Acacías a razón de un juzgado por cada una de éstas ciudades, con excepción del Distrito Capital, donde funcionarían dos despachos.” Con los acuerdos 95 del 30 de noviembre de 1993 y 54 del 24 de mayo de 1994, se reglamenta y se fijan recursos para el funcionamiento de éstos despachos. En Medellín, el primer Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, es creado a través del acuerdo 061 del 02 de junio de 1994, expedido por la sala plena del Consejo Superior de la Judicatura; y comienza su funcionamiento el 01 de septiembre de 1994.

• Fecha de publicación: 2006
• Institución: Universidad de Medellín
• Repositorio: Repositorio UDEM
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.udem.edu.co:11407/4608
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11407/4608
• Palabra clave: Administración de justicia penal-Legislación-Colombia; Ejecución judicial-Legislación-Colombia; Tribunales penales-Legislación-Colombia
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/