Responsabilidad del estado por daños al medio ambiente como consecuencia de la minería ilegal

En Colombia, la minería ilegal se ha convertido en las últimas décadas en una de las problemáticas ambientales, sociales y económicas de mayor importancia en la agenda estatal -- Dentro de las consecuencias directas del ejercicio de esta actividad está la vulneración de toda clase de derechos, indiv...

Full description

Autores:
Burgos Noreña, Jorge Mauricio
Porras Nicholls, José Daniel
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/9741
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/9741
Palabra clave:
Minería ilegal - Colombia
CONTAMINACIÓN
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
IMPACTO AMBIENTAL
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL - LEGISLACIÓN
MINERÍA A CIELO ABIERTO - ASPECTOS AMBIENTALES
INDUSTRIA MINERA
Pollution
Government liability
Environmental Impact
Environmental protection
Environmental impact analysis - Law and legislation
Mining industry and finance
Rights
License
Acceso abierto
Description
Summary:En Colombia, la minería ilegal se ha convertido en las últimas décadas en una de las problemáticas ambientales, sociales y económicas de mayor importancia en la agenda estatal -- Dentro de las consecuencias directas del ejercicio de esta actividad está la vulneración de toda clase de derechos, individuales y colectivos, cuya protección por parte del Estado se pone en entre dicho, surgiendo la necesidad realizar un análisis normativo y práctico que defina qué es lo que pasa con dichas afectaciones y que derechos tienen sus sujetos pasivos en cuanto a una efectiva reparación -- Reconocer al Estado como patrimonialmente responsable de los daños, puros o consecutivos, que se causen al medio ambiente en el ejercicio de la minería ilegal , representa una verdadera posibilidad de resarcimiento para quienes han visto vulnerados sus derechos por el ejercicio indiscriminado de esta actividad, garantizando con ello los presupuestos básicos del Estado Social de Derecho y de la tutela efectiva de derechos individuales y colectivos propios de la Constitución Política de 1991