Consecuencias de la despenalización parcial del aborto en la sociedad colombiana (2007)
La Sentencia C-355/06 de la Corte Constitucional del 10 de Mayo de 2006, despenalizó el aborto parcialmente. No será penalizado cuando el embarazo es producto de una violación, cuando hay malformaciones y cuando está en riesgo la vida y la salud de la mujer. Es una decisión que respeta la autonomía de las mujeres para decidir sobre su sexualidad y reproducción; es prueba de que en Colombia podemos avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las mujeres y un paso importante para eliminar todas las formas de discriminación femenina. Para analizar las consecuencias de la figura jurídica de la despenalización parcial del aborto, debemos tener en cuenta la realidad de nuestra sociedad, ya que el Derecho no puede ser desligado de la misma, como también con la Política Demográfica, la Planificación Familiar, el Estado y la Familia. Pero por otro lado nos encontramos que en Colombia se practican más de 300.000 abortos al año y que en las condiciones de clandestinidad en las que se realizan representan un riesgo mayor para las mujeres, realidad que llevo a la despenalización del aborto en Colombia ya que este tema debe ser considerado como un problema de salud pública. Es importante resaltar que en Colombia se han presentado otros proyectos, cuyo objetivo era la despenalización del aborto en diferentes condiciones, pero fueron archivados y olvidados debido a la fuerte incidencia de la postura de la Iglesia Católica y de los diferentes grupos que han insistido en atacar propuestas que permitirían despenalizar el aborto. Para el año 2005, la abogada Mónica Roa, con el respaldo y apoyo de organizaciones de mujeres, demandó la constitucionalidad de la ley que penalizaba el aborto en Colombia. El 10 de mayo de 2006 La Corte Constitucional se pronunció, siendo clara en su decisión: No se incurrirá en delito “cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud a la mujer y este dictamen esté certificado por un médico; cuando exista grave malformación en el feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea resultado de una violación denunciada, incesto, acceso carnal violento, acto sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado sin consentimiento.