Responsabilidad fiscal de los interventores. Análisis del dolo y la culpa grave

Se trata en esta oportunidad de una respuesta a un proyecto investigativo que reflexiona acerca de la prueba del dolo y culpa grave de los interventores contractuales en procesos de responsabilidad fiscal, a partir de la revisión analítica de decisiones emanadas de la Contraloría General de la Repúb...

Full description

Autores:
Gil Cadavid, Luis Carlos
Pérez Márquez, Uriel
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/12520
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/12520
https://doi.org/10.17981/juridcuc.17.1.2021.04
Palabra clave:
fiscal responsibility
principle of responsibility
principle of solidarity
public procurement
serious fault
intent
culpa grave
dolo
principio de responsabilidad
principio de solidaridad
contratación pública
responsabilidad fiscal
Rights
openAccess
License
JURÍDICAS CUC - 2020
Description
Summary:Se trata en esta oportunidad de una respuesta a un proyecto investigativo que reflexiona acerca de la prueba del dolo y culpa grave de los interventores contractuales en procesos de responsabilidad fiscal, a partir de la revisión analítica de decisiones emanadas de la Contraloría General de la República –Gerencia Bolívar–, en el período de gerencia 2012-2018, su objetivo general fue analizar la forma como se ha aplicado a los interventores contractuales, el sistema probatorio subjetivo, en los procesos de responsabilidad fiscal adelantados por esta institución. Para tales fines se desarrolló una investigación jurídica, de enfoque cualitativo y tipo documental, haciendo uso del método hermenéutico. En consonancia con ello, la técnica predominante fue el análisis documental y la triangulación hermenéutica de los resultados. Se presenta así una exposición de casos legales, que constituyen una muestra de procesos de esta entidad que habiendo iniciado bajo la Ley 1474 de 2011, fueron fallados antes de culminar el segundo semestre de 2018, en todos ellos se vinculó al interventor como presunto responsable fiscal.