Aplicación de la sentencia T-025 de 2004 para atender el desplazamiento forzado intraurbano en Bello-Antioquia entre los años 2010 y 2014
El municipio de Bello-Antioquia Cuenta con una población de 532.973 habitantes de acuerdo con el censo de 2005 y con un total de 19.267 personas en condición de desplazamiento forzado intraurbano entre los años 2010 y 2014 según informe estadístico procedente de la Unidad de Víctimas Nacional. Infor...
- Autores:
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Olarte Rojas, Ruth Margarita
Sánchez Ospina, José Ovidio
Rojas Salazar, Jorge Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA
- Repositorio:
- Repositorio Institucional UNAULA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unaula.edu.co:123456789/2545
- Acceso en línea:
- http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home
http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/2545
- Palabra clave:
- Desplazamiento forzado interno (Derecho penal) - Colombia
Desplazamiento forzado interno (Derecho penal) - Bello (Antioquia, Colombia)
Desplazamiento forzado interno (Derecho penal) - Antioquia (Colombia)
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Summary: | El municipio de Bello-Antioquia Cuenta con una población de 532.973 habitantes de acuerdo con el censo de 2005 y con un total de 19.267 personas en condición de desplazamiento forzado intraurbano entre los años 2010 y 2014 según informe estadístico procedente de la Unidad de Víctimas Nacional. Infortunadamente el recrudecimiento de la violencia generada por el conflicto armado en este municipio en el lapso mencionado involucró de manera creciente a la población civil afectando significativamente el derecho a la vida y a la seguridad personal obligándola a desplazarse de sus hogares, de sus familias, de sus barrios, de sus propiedades, de sus lazos sociales, de su trabajo y de los arraigos que los atan a su entorno cultural. Las víctimas de este flagelo han sufrido la vulneración de sus derechos fundamentales sin que haya sido posible establecer la verdad, justicia y reparación, ya que los entes gubernamentales se muestran impotentes para restablecer tales derechos radicados en cabeza de todos los nacionales, a pesar de que se dispone de una amplia legislación con referencia a esta problemática como la ley 387 de 1997, las directrices de la sentencia T-025 de 1994, entre otra jurisprudencia emanada de las altas cortes y algunas ordenanzas en el orden departamental. |
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