Ámbito legal y constitucional en la aplicación de fotodetecciones en Medellín

Las administraciones públicas haciendo uso de las facultades reguladoras que tienen sobre las actividades realizadas por sus administrados, recurre a las herramientas tecnológicas para el control del tránsito y movilidad; en las grandes ciudades se ha demostrado un nivel de satisfacción y efectivida...

Full description

Autores:
Cardona Duque, Daniela
Martínez Mercado, Chelsy
Bahena Grajales, Silvio Fernando
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA
Repositorio:
Repositorio Institucional UNAULA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unaula.edu.co:123456789/734
Acceso en línea:
http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home
http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/734
Palabra clave:
Infracción de las normas de tránsito
Organismos de tránsito
Rights
closedAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
Description
Summary:Las administraciones públicas haciendo uso de las facultades reguladoras que tienen sobre las actividades realizadas por sus administrados, recurre a las herramientas tecnológicas para el control del tránsito y movilidad; en las grandes ciudades se ha demostrado un nivel de satisfacción y efectividad aceptable; pero para llegar a este nivel es necesario revisar las implicaciones que tiene el uso de dichas tecnologías desde lo legal y lo constitucional. Desde el año 2012, en la ciudad de Medellín, se implementó el Sistema Inteligente de Movilidad para el cual se estableció el uso de cámaras que detectaran ciertas infracciones de tránsito y a partir de allí imponer las correspondientes sanciones. Como consecuencia de ello se hizo un análisis de los principales aspectos constitucionales y legales que se deben considerar al momento de imponer sanciones a los ciudadanos, es decir, qué tan ajustadas están dichas sanciones a preceptos fundamentales que se predican en un estado social y democrático de derecho tales como el debido proceso, el principio de legalidad y la presunción de inocencia