El incidente de nulidad a la luz de la jurisprudencia colombiana y el derecho comparado español

La Carta Política de 1991, modificó la organización institucional del poder judicial en Colombia. Hasta ese momento, la administración de justicia contaba con dos Altas Cortes: la Corte Suprema de Justicia, encargada de todo lo relacionado con la casación y control abstracto de constitucionalidad, e...

Full description

Autores:
López Marín, Laura María
López Marín, José Miguel
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA
Repositorio:
Repositorio Institucional UNAULA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unaula.edu.co:123456789/289
Acceso en línea:
http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home
http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/289
Palabra clave:
Derecho comparado
Jurisprudencia - Colombia
Procesos (Derecho)
Rights
closedAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
Description
Summary:La Carta Política de 1991, modificó la organización institucional del poder judicial en Colombia. Hasta ese momento, la administración de justicia contaba con dos Altas Cortes: la Corte Suprema de Justicia, encargada de todo lo relacionado con la casación y control abstracto de constitucionalidad, el Consejo de Estado que tenía a su cargo la administración de justicia en el campo de lo contencioso administrativo. La nueva Constitución, dispuso que existirían cuatro Altas Cortes: la Corte Constitucional, que es la cabeza de la jurisdicción constitucional; la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y en esa medida continúa a cargo de las labores de casación; el Consejo de Estado, que es el Tribunal Supremo en materia de lo contencioso administrativo y el Consejo Superior de la Judicatura, el cual cuenta con dos salas: la Sala Administrativa, que responde por la administración de la Rama Judicial y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que tiene a su cargo el juicio de las faltas cometidas por los funcionarios judiciales y los abogados