El incidente de nulidad como recurso procesal contra las sentencias de La Corte Constitucional

La Constitución de 1991 modificó la organización institucional del poder judicial en Colombia. Hasta ese momento, la administración de justicia contaba con dos altas cortes: la Corte Suprema de Justicia, encargada de todo lo relacionado con la casación y control abstracto de constitucionalidad, el C...

Full description

Autores:
Castro González, Jader Humbert
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA
Repositorio:
Repositorio Institucional UNAULA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unaula.edu.co:123456789/259
Acceso en línea:
http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home
http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/259
Palabra clave:
Corte constitucional - Colombia
Derecho procesal constitucional
Sentencia judicial
Rights
closedAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
Description
Summary:La Constitución de 1991 modificó la organización institucional del poder judicial en Colombia. Hasta ese momento, la administración de justicia contaba con dos altas cortes: la Corte Suprema de Justicia, encargada de todo lo relacionado con la casación y control abstracto de constitucionalidad, el Consejo de Estado que tenía a su cargo la administración de justicia en el campo de lo contencioso administrativo. la nueva Constitución dispuso que existirían cuatro altas cortes: la Corte Constitucional, que es la cabeza de la jurisdicción constitucional; la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y en esa medida continúa a cargo de las labores de casación; el Consejo de Estado, que es el tribunal supremo en materia de lo contencioso administrativo y el Consejo Superior de la Judicatura, el cual cuenta con dos salas: la Sala Administrativa, que responde por la administración de la Rama Judicial y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que tiene a su cargo el juicio de las faltas cometidas por los funcionarios judiciales y los abogados