Criterios jurídicos para el establecimiento de indemnizaciones económicas en la adquisición de bienes inmuebles en proyectos estatales de obra pública, para que se configure el pago del justo precio en el ordenamiento jurídico colombiano: Análisis de caso de Medellín, Bogotá y Chía entre los años 2017-2019 (2021)
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia de 1991 faculta al Estado para la adquisición de bienes inmuebles con destino a proyectos de obra pública, vía enajenación voluntaria y/o expropiación administrativa o judicial. Dicha herramienta permite la ejecución de los planes de desarrollo de los gobernantes locales, en el marco de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) o sus instrumentos equivalentes. Colombia ha tenido un escaso desarrollo normativo en el establecimiento de parámetros uniformes para determinar un justo monto indemnizatorio por expropiación. Situación que motivó el desarrollo de esta tesis de posgrado, en la que se busca dilucidar los criterios jurídicos existentes y las dificultades que presentan, con el fin de mostrar un panorama que sirva como herramienta jurídica para jueces, abogados, o para cualquier persona que se enfrente a un caso de expropiación o proceso de enajenación voluntaria, y así garantizar los derechos humanos y los derechos fundamentales de los sujetos expropiados. Entre otras razones, porque la determinación del justo monto indemnizatorio por expropiación no se debe limitar a una valoración económica del bien inmueble objeto de adquisición, sino, además, según jurisprudencia constitucional y administrativa, debe incorporar el reconocimiento de los perjuicios patrimoniales ocasionados (daño emergente y lucro cesante) en virtud del trámite de enajenación voluntaria o expropiación administrativa o judicial.