La tutela judicial efectiva y el eufemismo cautelar en la legislación procesal laboral
El acceso a la administración de justicia es un presupuesto fundamental del Estado Social de Derecho, que en un sentido unívoco, es entendida como la posibilidad de poner a disposición del ciudadano como forma de protección de sus derechos, el proceso judicial a través del ejercicio de la función ju...
- Autores:
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Carmona Múnera, Liseth Dayana
Montoya Builes, Laura Yuliana
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA
- Repositorio:
- Repositorio Institucional UNAULA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unaula.edu.co:123456789/1717
- Acceso en línea:
- http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home
http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/1717
- Palabra clave:
- Tutela judicial efectiva - Colombia
Proceso laboral - Legislación - Colombia
Derecho laboral - Colombia
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Summary: | El acceso a la administración de justicia es un presupuesto fundamental del Estado Social de Derecho, que en un sentido unívoco, es entendida como la posibilidad de poner a disposición del ciudadano como forma de protección de sus derechos, el proceso judicial a través del ejercicio de la función jurisdiccional que desempeñan los integrantes del Poder Judicial y en donde no se puede colegir, a priori, que es equivalente a tutela judicial efectiva, en tanto que este derecho, se reduce a brindar garantías judiciales antes, durante y después del proceso judicial . No obstante, esa legitimidad se pone en duda a causa de que no existen instrumentos cautelares que permitan la obtención material y efectiva de la tutela judicial. Estas limitaciones se acentúa en la legislación procesal laboral cuando se prevé de una única medida cautelar en los procesos declarativos, cuya desproporcionalidad sea condicionada a la circunstancia de probar y manifestar bajo la gravedad de juramento, la insolvencia del empleador o su incapacidad de cumplir con sus obligaciones, a efectos de que la medida sea decretada y que a la postre, solo ampara el 50% del valor de las pretensiones, dejando por fuera del marco de protección, el porcentaje restante. |
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