Valor probatorio de los documentos electrónicos en Colombia
El presente artículo tiene como objetivo establecer el valor probatorio que se le ha dado a los documentos electrónicos en los procesos judiciales y su actual aporte jurídico para la administración de justicia en Colombia. En este sentido se plantearon como objetivos específicos identificar la regul...
- Autores:
-
Cano Valdez, Víctor Alejandro
Garzón Cardona, Yelvis Alexander
Ramírez Zuluaga, Néstor Fabio
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
- Repositorio:
- Alejandría Repositorio Institucional
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- OAI Identifier:
- oai:alejandria.poligran.edu.co:10823/2152
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10823/2152
- Palabra clave:
- Trabajo de Grado - Pregrado
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El presente artículo tiene como objetivo establecer el valor probatorio que se le ha dado a los documentos electrónicos en los procesos judiciales y su actual aporte jurídico para la administración de justicia en Colombia. En este sentido se plantearon como objetivos específicos identificar la regulación actual que le ha dado el legislador a los documentos electrónicos dentro de los procesos judiciales en Colombia y analizar jurisprudencialmente los requisitos establecidos para que los documentos electrónicos sean tenidos como pruebas dentro del proceso judicial en Colombia y establecer el aporte jurídico actual de la implementación de los documentos electrónicos como medio de prueba en la administración de justicia en Colombia. Aunado a lo anterior, la metodología es de corte cualitativo desarrollado bajo el método descriptivo, pues, describe un fenómeno jurídico con impacto en la actualidad del sistema de la administración de justicia colombiana. Los resultados demuestran que como documento privado, el documento en línea reconocido tiene el mismo valor y validez probatoria que el documento público entre las partes y ante el tercero, por lo que, salvo prueba en contrario, los hechos, acciones o cosas en él consignados serán plenamente válidos. Así mismo, se concluye que la regulación actual que le ha dado el legislador se basa en la aplicación de la digitalización del expediente judicial que se ha desarrollado de acuerdo con la pandemia por el Covid19 bajo el Decreto 806 de 2020 y el Decreto 491 de 2020, y demás normas vigentes. Además, jurisprudencialmente uno de los requisitos para que sean tenidos como medio de prueba es que el documento electrónico debe ser autentico, fiable e integro. El aporte jurídico de su implementación como medio de prueba es la actualización de los procesos judiciales y la rapidez del sistema digital. |
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Tejada Florez, Sorany Yiseth;AsesorCano Valdez, Víctor AlejandroGarzón Cardona, Yelvis AlexanderRamírez Zuluaga, Néstor FabioMedellín, Antioquia2020CO2021-01-28T21:59:47Z2021-01-28T21:59:47Z2020-12-16http://hdl.handle.net/10823/2152instname:Politécnico Grancolombianoreponame:Alejandría Repositorio Comunidadrepourl:http://alejandria.poligran.edu.coEl presente artículo tiene como objetivo establecer el valor probatorio que se le ha dado a los documentos electrónicos en los procesos judiciales y su actual aporte jurídico para la administración de justicia en Colombia. En este sentido se plantearon como objetivos específicos identificar la regulación actual que le ha dado el legislador a los documentos electrónicos dentro de los procesos judiciales en Colombia y analizar jurisprudencialmente los requisitos establecidos para que los documentos electrónicos sean tenidos como pruebas dentro del proceso judicial en Colombia y establecer el aporte jurídico actual de la implementación de los documentos electrónicos como medio de prueba en la administración de justicia en Colombia. Aunado a lo anterior, la metodología es de corte cualitativo desarrollado bajo el método descriptivo, pues, describe un fenómeno jurídico con impacto en la actualidad del sistema de la administración de justicia colombiana. Los resultados demuestran que como documento privado, el documento en línea reconocido tiene el mismo valor y validez probatoria que el documento público entre las partes y ante el tercero, por lo que, salvo prueba en contrario, los hechos, acciones o cosas en él consignados serán plenamente válidos. Así mismo, se concluye que la regulación actual que le ha dado el legislador se basa en la aplicación de la digitalización del expediente judicial que se ha desarrollado de acuerdo con la pandemia por el Covid19 bajo el Decreto 806 de 2020 y el Decreto 491 de 2020, y demás normas vigentes. Además, jurisprudencialmente uno de los requisitos para que sean tenidos como medio de prueba es que el documento electrónico debe ser autentico, fiable e integro. El aporte jurídico de su implementación como medio de prueba es la actualización de los procesos judiciales y la rapidez del sistema digital.The objective of this article is to establish the probative value that electronic documents have been given in judicial processes and their current legal contribution to the administration of justice in Colombia. In this sense, the specific objectives were to identify the current regulation that the legislator has given to electronic documents within the judicial processes in Colombia and to analyze jurisprudentially the requirements established for electronic documents to be considered as evidence within the judicial process in Colombia. and establish the current legal contribution of the implementation of electronic documents as a means of proof in the administration of justice in Colombia. In addition to the above, the methodology is of a qualitative nature, developed under the descriptive method, since it describes a legal phenomenon with an impact on the current Colombian justice system. The results show that as a private document, the recognized online document has the same probative value and validity as the public document between the parties and before the third party, so that, unless proven otherwise, the facts, actions or things recorded in it they will be fully valid. Likewise, it is concluded that the current regulation that the legislator has given it is based on the application of the digitization of the judicial file that has been developed in accordance with the Covid19 pandemic under Decree 806 of 2020 and Decree 491 of 2020 , and other current regulations. In addition, jurisprudentially, one of the requirements for them to be taken as proof is that the electronic document must be authentic, reliable and complete. The legal contribution of its implementation as a means of proof is the updating of judicial processes and the speed of the digital system.PDFspaDocumentos ElectrónicosÁlvarez, J. M. (1998). El Documento Electrónico. Revista Iberoamericana de Derecho Informático, 12(22), 499-526. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/Andrade, D. F., & Rojas, L. M. (2017). Regulación y costo de la firma electrónica y digital como limitante del comercio electrónico en Colombia. Especialización en Derecho Comercial. Obtenido de https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/41179/RojasBolivarLinaMaria2017..pdf?sequence=1&isAllowed=yArgüelles , M. (2016). Retos de la legislación informática en México. Revista de Computación y Sistemas, 20(4), 827-831. doi: 10.13053/CyS-20-4-2515Bouvier, E. (2018). La firma electrónica avanzada notarial y sus retos en Uruguay. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, 12(41), 227-239. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v12n41/1870-2147-rius-12-41-227.pdfEspinoza, J. F. (2018). Entre la firma electrónica y la firma digital: aproximaciones sobre su regulación en el perú. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, 12(41), 241-266. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v12n41/1870-2147-rius-12-41-241.pdfHernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la Investigación (Sexta ed.). México: Mcgraw-hill interamericana editores, s.a. de c.v. Obtenido de http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdfMedinaceli, K. I., & Gil, E. (2016). La implementación de la firma digital en Bolivia. Revista de Investigación y Tecnología, 4(1), 30-41. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/313376591_La_implementacion_de_la_Firma_Digital_en_BoliviaMinisterio de las TIC. (2017). Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos. Bogotá. Obtenido de https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-61594_recurso_pdf.pdfTantaleán , R. (2015). El alcance de las investigaciones jurídicas. Revista Derecho y Cambio Social, 12(41). Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5456857Villalobos, E. (2002). Diccionario de Derecho Informático. Panamá: Litho Editorial Chen.Corte Constitucional. (6 de Mayo de 2003). Sentencia C-356. (MP Jaime Araújo Rentería). Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-356-03.htmCorte Constitucional. (16 de Octubre de 2014). Sentencia SU-774. (MP Mauricio González Cuervo). Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/SU774-14.htmCongreso de la República. (18 de Agosto de 1999). Ley 527. (Diario Oficial No. 43.673). Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.htmlCongreso de la República. (18 de Enero de 2011). Ley 1437. 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