Los derechos fundamentales de las víctimas de los ciberdelitos en Colombia (2020)
A partir del momento en que una persona se encuentra en el internet, es susceptible a sufrir cualquier tipo de ataque o violación, vulnerando bienes jurídicos como la integridad, el patrimonio, la privacidad, etc., y esto a causa en gran medida de la capacidad con la se puede gestionar cualquier amenaza o riesgo, no obstante con la evolución de la tecnología, los ciberdelincuentes se preparan cada vez más con el objetivo de poder materializar un delito informático sin ser detectado, de hecho un delito cibernético es toda acción antijurídica que realiza una persona en el internet o cualquier otro medio informático, sin embargo los ciudadanos se encuentra amparados bajo leyes, reglas y normas que los ampara. El desarrollo del presente artículo permite determinar ¿cuáles son los derechos que se ven vulnerados en la comisión de los ciberdelitos? Si existe una regulación, control y gestión de quienes infringen la ley y utilizan los portales en internet para atentar contra el patrimonio, la integridad y la dignidad humana violando la seguridad que se pueda tener al navegar en redes. Analizar cada referente de infractores e incautos e identificar, si existe una tendencia de personas más vulnerables que otras. Se optó por hacer uso y de acuerdo a la revisión de la literatura de la investigación descriptiva con enfoque cualitativo que se limita a tomar como referencia las cifras y valorarlas, pero sin ningún fin de atribuirles estandarización de estos datos, la investigación descriptiva permite realizar una descripción de una situación y del fenómeno logrando obtener información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde, relativo al objeto de estudio. En cuanto a la regulación establecida entre España y Colombia se identifican similitud en los preceptos que regulan ambos países en su contenido normativo pues ambas a la firma del convenio de Budapest, coinciden en las mismas conductas y sanciones que han sido infringidas. Establecer controles de regulación y sanciones de los delitos informáticos reduciría el reporte de estafas, delitos sexuales y aportaría seguridad financiera para los internautas lo cual permitiría fortalecer el manejo de transacciones más seguras y mayor descongestión de trámites presenciales.