La discrecionalidad administrativa frente a los retiros de los miembros de la policía nacional : criterios de aplicación dispuestos por el consejo de estado
La facultad de retiro discrecional, en cabeza del Director General de la Policía Nacional, es una herramienta jurídica con la cual es posible desvincular de la Entidad a algunos funcionarios, de manera directa; esto con el único fin de mejorar la función pública, potestad que se desarrolla en virtud...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- masterThesis
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/66329
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10554/66329
- Palabra clave:
- Retiro discrecional
Derecho administrativo
Consejo de Estado
Corte constitucional
Policía Nacional
Debido proceso
Principios de legalidad
Discretionary retirement
Administrative law
Council of State
Constitutional Court
National Police
Due process
Principles of legality
Maestría en derecho administrativo - Tesis y disertaciones académicas
Debido proceso de derecho
Reformas constitucionales - Colombia
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
| Summary: | La facultad de retiro discrecional, en cabeza del Director General de la Policía Nacional, es una herramienta jurídica con la cual es posible desvincular de la Entidad a algunos funcionarios, de manera directa; esto con el único fin de mejorar la función pública, potestad que se desarrolla en virtud del artículo 62 del Decreto Ley 1791 de 2000, la Ley 857 de 2003 y el artículo 64 de la Ley 2179 de 2021, que, por fuente legal, no requiere ser motivada. Dicha disposición ha sido objeto de revisión por parte de las autoridades judiciales, jueces administrativos y constitucionales en sede de demandada y de tutela, que han hecho necesario el pronunciamiento del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en varias ocasiones. De hecho, las conclusiones versan sobre la poca protección que ofrece la Corte Constitucional cuando indica que los actos administrativos de retiro deben contar con un estándar mínimo de motivación para “asegurar el debido proceso y el principio de legalidad”, mientras que en la sentencia de unificación del CE expedida en 2022, columna vertebral de esta investigación, la máxima autoridad administrativa se ciñe a la legalidad de que la motivación está en la recomendación de la Junta, brindando así, un abanico de posibilidades de defensa. |
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