Restricción legal de anular actos administrativos en las acciones populares vs. la construcción jurisprudencial de una tesis garantista que se rehúsa a desaparecer
Con la expedición de la Ley 472 de 1998, ley que regula las acciones populares y de grupo en Colombia, inició una controversia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tendiente a precisar los alcances de las competencias del juez popular para pronunciarse sobre la legalidad de actos o c...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- masterThesis
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/62129
- Palabra clave:
- Acción popular
Acto administrativo
Ley 1437 de 2011
Nulidad
Popular action
Null
Administrative act
Maestría en derecho administrativo - Tesis y disertaciones académicas
Acciones populares - Colombia
Nulidad (Derecho) - Colombia
Colombia - Ley 1437 de 2011 (enero 18)
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
Summary: | Con la expedición de la Ley 472 de 1998, ley que regula las acciones populares y de grupo en Colombia, inició una controversia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tendiente a precisar los alcances de las competencias del juez popular para pronunciarse sobre la legalidad de actos o contratos de la administración, en defensa de los derechos o intereses colectivos. En relación con los actos administrativos, el Consejo de Estado desarrolló cuatro líneas jurisprudenciales que se podrían agrupar en dos tesis: una tesis amplia que admitía la posibilidad de anular un acto administrativo cuando vulnerara un derecho colectivo y una tesis restrictiva que negaba esa posibilidad. A propósito del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el legislador se ocupó de solucionar la anterior controversia al introducir una prohibición expresa de anular actos y contratos en sede popular . No obstante, el presente estudio se enfocará en demostrar que, pese a la citada prohibición, el Consejo de Estado ha seguido anulando actos administrativos sin ordenarlo expresamente. |
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