El papel del ministerio del trabajo frente a la protección de los derechos al trabajo y a la igualdad en la autorización de despido con justa causa para personas con fuero de salud - Duran Tellez, Diego Felipe (2023)
Los Derechos al Trabajo y a la Igualdad como ejes de la Constitución Política de Colombia deben ser respetados y a toda luz protegidos por el Estado Social de Derecho. En este sentido, la protección constitucional de las personas en estado de discapacidad y/o en debilidad manifiesta conlleva a la obligación del Estado de propender por un desarrollo y bienestar de estos ciudadanos dentro del marco laboral. El objetivo del presente artículo es analizar el papel del Ministerio del Trabajo en la protección efectiva de los Derechos al Trabajo y la Igualdad dentro de las solicitudes de autorización de terminación del contrato de trabajo con justa causa de las personas con fuero de salud Teniendo en cuenta lo anterior, será de vital importancia para el presente artículo describir la competencia del Ministerio del Trabajo en el procedimiento de autorización de terminación del contrato de trabajo con justa causa para personas con fuero de salud. En este sentido, es necesario establecer cuáles son las posiciones jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional respecto del fuero de salud (como género) derivado de la situación de discapacidad o de la debilidad manifiesta. Adicionalmente, este artículo examinará si solo es necesario solicitar autorización al Ministerio del Trabajo para terminar el contrato de personas con fuero de salud cuando esta terminación se dé en razón de su salud, o si por el contrario será necesario solicitar la autorización cuando ésta se fundamente en las justas causas de terminación de los contratos de trabajo. En síntesis, el presente artículo analizará los procedimientos, normas y jurisprudencia aplicables, y examinará si el Ministerio del Trabajo ha logrado la protección efectiva de los derechos al Trabajo y a la Igualdad de las personas con fuero de salud. Lo anterior, como un deber constitucional del Estado Social de Derecho.