Análisis constitucional de la actividad operacional de la Policía Nacional en contra del narcotráfico
la Policía Nacional cumple unas funciones directamente emanadas de la Constitución Política; razón por la cual su existencia se fundamenta en realizar todo lo que se encuentre a su alcance para vigilar el territorio del país y preservar el orden, la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos. Por...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- masterThesis
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/66866
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10554/66866
- Palabra clave:
- Narcotráfico
Actividad operacional
Drug trafficking
Operational activity
Maestría en derecho constitucional - Tesis y disertaciones académicas
Narcotráfico - Aspectos sociales - Colombia
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- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
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la Policía Nacional cumple unas funciones directamente emanadas de la Constitución Política; razón por la cual su existencia se fundamenta en realizar todo lo que se encuentre a su alcance para vigilar el territorio del país y preservar el orden, la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos. Por tanto, al cumplir tales fines, asume una posición especial de garante, y es así como debe planificar y ejecutar sus operaciones; con miras a preservar las condiciones mínimas necesarias para ejercer los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia puedan vivir en paz. En conclusión, el designio constitucional apunta a que la Policía, por medio de sus capacidades, ofrezca los escenarios de seguridad que garanticen una efectiva salvaguarda de los derechos y garantías civiles. De modo que sería totalmente contraproducente que, en aras de un espacio de opinión que solo garantiza un colectivo en específico, lo cual viola de manera flagrante otras disposiciones constitucionales y legales, la institución policial permita que conductas determinadas como delictivas sean disfrazadas de derechos; así, las acciones de interdicción desarrolladas por la Dirección de Antinarcóticos no deberían ser consultadas, en razón a que buscan, como se ha reiterado, velar por la protección de los entornos de seguridad democrática. Por último, si bien es cierto que existen determinadas garantías para evitar descontrol y excesos en la ejecución de acciones de operaciones policivas y/o militares, tales como el principio de precaución o el derecho de anticipación, es también claro que los entes reguladores no están dimensionando que el flagelo del narcotráfico impacta no solo en temas económicos, sino ambientales. En otras palabras, si bien es admisible que ciertos grupos étnicos, por su arraigo, tengan a bien considerar que, por una ancestralidad, tienen ciertas facultades sobre unos territorios, eso no quiere decir que se desconozcan las alteraciones medioambientales, el impacto directo a la salubridad pública que se causa por la siembra y resiembra; y, por tanto, no sería coherente, en un Estado social de derecho, tener que consultar para contrarrestar el uso indebido de la hoja de coca en los procedimientos de fabricación de clorhidrato. |
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Por tanto, al cumplir tales fines, asume una posición especial de garante, y es así como debe planificar y ejecutar sus operaciones; con miras a preservar las condiciones mínimas necesarias para ejercer los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia puedan vivir en paz. En conclusión, el designio constitucional apunta a que la Policía, por medio de sus capacidades, ofrezca los escenarios de seguridad que garanticen una efectiva salvaguarda de los derechos y garantías civiles. De modo que sería totalmente contraproducente que, en aras de un espacio de opinión que solo garantiza un colectivo en específico, lo cual viola de manera flagrante otras disposiciones constitucionales y legales, la institución policial permita que conductas determinadas como delictivas sean disfrazadas de derechos; así, las acciones de interdicción desarrolladas por la Dirección de Antinarcóticos no deberían ser consultadas, en razón a que buscan, como se ha reiterado, velar por la protección de los entornos de seguridad democrática. Por último, si bien es cierto que existen determinadas garantías para evitar descontrol y excesos en la ejecución de acciones de operaciones policivas y/o militares, tales como el principio de precaución o el derecho de anticipación, es también claro que los entes reguladores no están dimensionando que el flagelo del narcotráfico impacta no solo en temas económicos, sino ambientales. En otras palabras, si bien es admisible que ciertos grupos étnicos, por su arraigo, tengan a bien considerar que, por una ancestralidad, tienen ciertas facultades sobre unos territorios, eso no quiere decir que se desconozcan las alteraciones medioambientales, el impacto directo a la salubridad pública que se causa por la siembra y resiembra; y, por tanto, no sería coherente, en un Estado social de derecho, tener que consultar para contrarrestar el uso indebido de la hoja de coca en los procedimientos de fabricación de clorhidrato.The National Police fulfills functions directly emanating from the Political Constitution; which is why its existence is based on doing everything within its power to monitor the country's territory and preserve order, peace and tranquility for all citizens. Therefore, in fulfilling such purposes, it assumes a special position of guarantor, and this is how it must plan and execute its operations; with a view to preserving the minimum conditions necessary to exercise public rights and freedoms, and to ensure that the inhabitants of Colombia can live in peace. In conclusion, the constitutional design aims for the Police, through its capabilities, to offer security scenarios that guarantee effective safeguarding of civil rights and guarantees. So it would be totally counterproductive if, for the sake of a space for opinion that only guarantees a specific group, which flagrantly violates other constitutional and legal provisions, the police institution allows behaviors determined to be criminal to be disguised as rights; Thus, the interdiction actions carried out by the Anti-Narcotics Directorate should not be consulted, because they seek, as has been reiterated, to ensure the protection of democratic security environments. Finally, although it is true that there are certain guarantees to avoid lack of control and excesses in the execution of actions of police and/or military operations, such as the precautionary principle or the right of anticipation, it is also clear that regulatory entities are not dimensioning that the scourge of drug trafficking impacts not only economic issues, but also environmental ones. In other words, although it is admissible that certain ethnic groups, due to their roots, consider that, due to ancestry, they have certain powers over certain territories, that does not mean that environmental alterations, the direct impact on the public health caused by planting and replanting; and, therefore, it would not be coherent, in a social State of law, to have to consult to counteract the improper use of the coca leaf in hydrochloride manufacturing procedures.Magíster en Derecho ConstitucionalMaestríaPontificia Universidad JaverianaMaestría en Derecho ConstitucionalFacultad de Ciencias JurídicasOviedo Arbeláez, Carlos AugustoOmeara, José Andres2024-03-14T18:56:23Z2024-03-14T18:56:23Z2023-10-17http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPDFapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10554/66866instname:Pontificia Universidad Javerianareponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javerianarepourl:https://repository.javeriana.edu.cospaColombiaBogotá (Colombia)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessDe acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2reponame:Repositorio Universidad Javerianainstname:Pontificia Universidad Javerianainstacron:Pontificia Universidad Javeriana2024-03-15T08:09:03Z |