La responsabilidad del estado legislador por la declaratoria de inexequibilidad de una norma jurídica en el derecho colombiano

La responsabilidad del Estado legislador es un tópico novedoso. Su aplicación parte del concepto moderno de ?Estado de derecho?, que obliga al Estado a responder por los perjuicios derivados del giro normal de sus actos. Esta responsabilidad no siempre existió, por cuanto, en un principio, imperaba...

Full description

Autores:
Gutiérrez Castillo, Ernesto Carlos
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/36750
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10554/36750
Palabra clave:
Responsabilidad
Legislador
Imputación
Daño antijurídico
Inexequibilidad
Responsibility
Legislator
Indictment
Unlawfull damage
Unenforceability
Derecho - Tesis y disertaciones académicas
Responsabilidad del Estado - Colombia
Estado de derecho
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
Description
Summary:La responsabilidad del Estado legislador es un tópico novedoso. Su aplicación parte del concepto moderno de ?Estado de derecho?, que obliga al Estado a responder por los perjuicios derivados del giro normal de sus actos. Esta responsabilidad no siempre existió, por cuanto, en un principio, imperaba la irresponsabilidad total del monarca por el daño que causare la aplicación de una ley. Actualmente, existen dos títulos de imputación que llevan a la declaratoria de responsabilidad del Estado legislador: i) el daño especial, cuando con una norma se configura una ruptura en el principio de equilibrio de las cargas públicas; ii) la falla en la función legislativa, cuando la norma es declarada inexequible, siendo este último el título de imputación objeto de análisis de la presente investigación, en especial, lo atinente a su naturaleza subjetiva, a la controversia existente en cuanto a la entidad que debe responder por la indemnización de perjuicios y a los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional, entre otros aspectos de relevancia para la teoría de la responsabilidad del Estado.