El acceso a una justicia diferencial. la situación de población en vulnerabilidad socioeconómica en Cali

La Jurisprudencia constitucional nacional e internacional ha precisado los aspectos que integran el derecho de acceso a la justicia en el contexto de un Estado constitucional como el colombiano. Estos aspectos se refieren al acceso a un juez o tribunal independiente, en condiciones de igualdad y sin...

Full description

Autores:
Quintero Mosquera, Diana Patricia
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.icesi.edu.co:10906/80034
Acceso en línea:
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/viewFile/18410/15829
http://hdl.handle.net/10906/80034
Palabra clave:
Derecho
Law
Administración de justicia
Control judicial
Vulnerabilidad social
Administración de justicia
Justicia - Colombia
Garantías constitucionales
Normas jurídicas
Rights
openAccess
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description
Summary:La Jurisprudencia constitucional nacional e internacional ha precisado los aspectos que integran el derecho de acceso a la justicia en el contexto de un Estado constitucional como el colombiano. Estos aspectos se refieren al acceso a un juez o tribunal independiente, en condiciones de igualdad y sin obstáculos desproporcionados que dificulten la resolución del caso en un plazo razonable. En la ciudad de Santiago de Cali el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi (GAPI) trabajó el caso de los usuarios de la justicia local que durante el trámite de sus asuntos a través de los consultorios jurídicos experimentaron obstáculos en el acceso o tratos discriminatorios en los despachos judiciales de la ciudad. Estas prácticas se abordaron en un contexto macro de dificultades objetivas derivadas de la precariedad de la infraestructura de la justicia local. Dado que el trabajo del Grupo incluye la defensa de los derechos de usuarios y consumidores, se decidió constituir una veeduría judicial, reconocida por la Personería Municipal, y organizar a partir de ella una investigación exploratoria sobre las interacciones entre usuarios y funcionarios que podrían identificarse como barreras al acceso a la justicia.