Problemas en torno a la clasificación de IPTV como un servicio de valor agregado y sus consecuencias entre los años 2006 - 2011 (2011)
En Colombia, el ordenamiento jurídico no ha terminado de asimilar el impacto que el mundo de las tecnologías de la información ha generado con la entrada de nuevas tecnologías o servicios en los últimos años, como la Voz sobre el Protocolo IP (VoIP), que en su momento revolucionó el mundo de los servicios tradicionales de Telefonía Básica Conmutada, y en especial los servicios de larga distancia. Sobre este tipo de tecnologías, es decir, sobre el Protocolo IP1 se presenta ahora una nueva alternativa para ofrecer servicios audiovisuales: La Televisión sobre el Protocolo IP (IPTV). De acuerdo con el Focus Group on TV de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) la IPTV consiste en: "servicios multimedia tales como televisión/video/audio/texto/gráficas y datos suministrados sobre protocolo IP basados en redes (alámbricas o inalámbricas) administradas para proveer un nivel determinado de calidad en el servicio -QoS, seguridad, interactividad y fidelidad" , en otras palabras es un sistema por el cual se transmite televisión haciendo uso de la infraestructura de la banda ancha para internet, pero con un ancho de banda reservado y que permite integrar otro tipo de posibilidades como la administración inteligente de la programación, la publicidad personalizada, videoteléfono, correo electrónico, entretenimiento, servicio de guía de programación, entre otras. Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las consecuencias de la clasificación de la televisión sobre el protocolo IP (IPTV) como servicio de valor agregado?. Se plantea esta pregunta pues el hecho de determinar a qué tipo de servicio pertenece genera consecuencias de tipo económico en la medida en que el tratamiento que se le da a los servicios de valor agregado y a la televisión por suscripción son distintos así como el valor de la contraprestación que los operadores de cada servicio deben pagar, asimismo genera consecuencias de tipo jurídico pues se trata de abrir el camino para un cambio de paradigma en la regulación de los servicios convergentes, lo cual resulta necesario para impulsar el desarrollo tecnológico en el país