Responsabilidad civil en casos de fraude bancario electrónico desde una perspectiva jurisprudencial (2014)
Desde inicios de los años 90 del siglo pasado, Colombia ha sido testigo de los fuertes impactos de la revolución tecnológica y sus consecuencias, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación y la aparición del internet transformaron la forma como nos relacionamos, como nos comunicamos y como nos informamos. En ese mismo sentido, las entidades financieras, entre ellas los bancos, se adaptaron a los desarrollos tecnológicos de la época e introdujeron avances significativos para facilitar y darle celeridad a la relación financiera y a los canales de interacción entre consumidor y entidad. Sin embargo, la implementación de estos nuevos mecanismos de interacción trajo consigo riesgos que pueden llegar afectar al consumidor, por lo cual el derecho ha tenido que adaptarse y evolucionar para darle solución a las posibles controversias que surgen de la afectación de esta relación financiera. Basándose en lo anterior, el legislador no ha pasado por desapercibida esta situación y ha intentado regular las relaciones financieras de forma que brinde garantías esenciales al consumidor, no obstante, la aparición de las nuevas modalidades de fraude bancario electrónico ha dificultado la tarea. La doctrina y jurisprudencia han buscado darles solución a los vacíos legislativos de la ultima década, bajo el entendido de la necesidad de desarrollar a fondo el régimen de responsabilidad que debe regir las relaciones financieras. La Corte Suprema de Justicia ha mantenido una línea jurisprudencial de responsabilidad objetiva frente a fraudes electrónicos, argumentando que es el banco quien posee todas las herramientas para prevenir el fraude, y, por lo tanto, esta carga no debería recaer en el titular de la cuenta. En otras palabras, el usuario financiero no custodia el dinero depositado, no participa en las decisiones operativas del banco, no tiene acceso a la información para afrontar los riesgos y tampoco le resulta económicamente razonable afrontarlos. Esta situación difiere notablemente para el banco, que sí posee todos los elementos mencionados (CSJ-5176-2020). Simultáneamente, la Superintendencia Financiera de Colombia, en uso de sus facultades jurisdiccionales, ha seguido una línea argumentativa muy similar a la de la Corte Suprema de Justicia. Sin embrago, en sus pronunciamientos ha sido más rígida en cuanto a los deberes de los consumidores y alude a la culpa compartida cuando se presenta un incumplimiento de dichos deberes, trasladando parte del riesgo al consumidor. Esto es evidente al afirmar que: “Aunque es lo cierto que la responsabilidad que se predica de las entidades financieras, se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de su actividad, no lo es menos que ésta puede desaparecer o verse menguada atendiendo a la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización se persigue.” (Superintendencia Financiera de Colombia, 2012) Siendo esto así, es menester un estudio exhaustivo de la jurisprudencia contemporánea para esclarecer la aplicación y alcance de la responsabilidad bancaria en Colombia actualmente. Con base a lo anterior, el presente trabajo busca responder: ¿Cuál es el régimen de responsabilidad aplicable en Colombia a las entidades bancarias en temas de fraude electrónico? Edificando de esta forma la evolución del régimen de responsabilidad bancaria en Colombia desde una perspectiva jurisprudencial.