A Flight Plan for the Community Media Act
En el diseño y ejecución de las políticas públicas, la planificación suele jugar un papel excepcional. Generalmente las intervenciones gubernamentales siguen un patrón concebido con premeditación. En el caso del gobierno del presidente Hugo Chávez (1999 hasta el presente), poco se ha dejado a la imp...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/15264
- Acceso en línea:
- https://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/view/3886
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15264
- Palabra clave:
- Regulación
comunicación
medios comunitarios
Poder Popular
plan
gobierno bolivariano
Regulation
communications
community media
Poder Popular
plan
Bolivarian government
- Rights
- License
- Copyright (c) 2016 Anuario electrónico de estudios en Comunicación Social "Disertaciones
Summary: | En el diseño y ejecución de las políticas públicas, la planificación suele jugar un papel excepcional. Generalmente las intervenciones gubernamentales siguen un patrón concebido con premeditación. En el caso del gobierno del presidente Hugo Chávez (1999 hasta el presente), poco se ha dejado a la improvisación en los escenarios más importantes de incidencia sobre el sector de las comunicaciones: la regulación normativa, el control de los operadores de radiodifusión, la consolidación del sistema público de medios y el patrocinio a la comunicación comunitaria. A medida que ha venido radicalizando su proyecto político bolivariano, Chávez teje previsiones coherentes de política de comunicación en el contenido de los planes gubernamentales. El proyecto de Ley de Comunicación del Poder Popular es un buen ejemplo de la sincronía entre las acciones oficiales sobre el sector comunicacional y la dirección del “proceso revolucionario”. La iniciativa popular para la presentación de la referida ley no fue espontánea ni sus normas responden al genuino interés de las comunidades proponentes. |
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