Impacto de la implementación del Decreto 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital” y su modificatorio, para promover la participación de la mujer en la ejecución de los contratos de interventoría de obra de infraestructura vial en la ciudad de Bogotá D.C.

Mediante el presente estudio se quiere determinar el impacto de la implementación del Decreto 332 de 2020 y su modificatorio, en los contratos de interventoría de obra de infraestructura vial en el Distrito Capital. Por lo tanto, esta investigación, iniciará con un análisis exhaustivo respecto al De...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/43412
Acceso en línea:
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/43412
Palabra clave:
Equidad de género
Contratación estatal
Construcción de infraestructura de vías
Interventoría
Decreto 332 de 2020
Decreto 634 de 2023
Gender equity
State procurement
Road infrastructure construction
Supervision
Decree 332 of 2020
Decree 634 of 2023
Rights
License
Attribution-ShareAlike 4.0 International
Description
Summary:Mediante el presente estudio se quiere determinar el impacto de la implementación del Decreto 332 de 2020 y su modificatorio, en los contratos de interventoría de obra de infraestructura vial en el Distrito Capital. Por lo tanto, esta investigación, iniciará con un análisis exhaustivo respecto al Decreto 332 de 2020, mediante el cual se establecen las medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital contextualizada con los conceptos de equidad de género en el mundo, en Colombia, y en el sector de la Contratación Estatal, en especial en el sector de la infraestructura., reforzado el alcance de los principios Ruggie y del libro verde de la contratación de la Unión Europea. Esto como un justificante para abordar la problemática de inequidad en Bogotá, reflejada en los datos proporcionados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, los cuales fueron utilizados como base para la expedición del Decreto 332 de 2020 y el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el mismo. De acuerdo a lo anterior, se indica que el Decreto ha contribuido al aumento de diez puntos porcentuales de la participación de la mujer en cargos del distrito en el sector de la infraestructura, y esto sirve también, para ir acorde a políticas establecidas en otras partes del mundo; donde Europa, lidera los esfuerzos que se realizan en materia de contratación estatal respecto a la participación de la mujer, y es por medio del Libro Verde de la contratación que la UE quiere establecer políticas públicas para garantizar una selección de servicios y personas de una manera equitativa, elevando el compromiso a las empresas privadas y reconocerles la Responsabilidad Social Empresarial RSE. Es por lo expuesto anteriormente que al plantear y verificar este cumplimiento de la normativa distrital, puntualmente en los contratos de interventoría de construcción de proyectos de infraestructura vial en la ciudad de Bogotá, por medio de consultas directas realizadas a diferentes instituciones gubernamentales del distrito, entre ellas las Alcaldías Locales del Distrito, la Secretaria Distrital de la Mujer, la Secretaria Jurídica del Distrito, y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, se evidenció en primera medida la carencia de información exacta del número de mujeres incorporadas a de procesos de selección en el Distrito Capital, y , segundo la problemática puntual para garantizar la equidad de género en las políticas públicas del Distrito. Aunque varias de estas instituciones no respondieron a las consultas elevadas, de la información remitida, se pudieron obtener ciertos datos en los que indican que si se está dando cumplimiento en los porcentajes indicados por el Decreto 332 de 2020. Para ello, se propone que estas herramientas para alcanzar determinados porcentajes de cumplimiento de mujeres en el contrato estatal, como la inclusión de cláusulas en los pliegos de condiciones, se eleve a toda la Nación, y se aumente el porcentaje de cumplimiento, a la vez, que este pueda ser un requisito habilitante para la participación de los diversos proponentes en los procesos de compra y venta de bienes, servicios y obras, que involucre las instituciones públicas, para que estas, garanticen su cumplimiento con evaluación periódica de sus resultados.