La política agrícola común de la Unión Europea y su implementación en los nuevos estados miembros de Europa Central y Oriental (2004)
La Unión Europea (UE) surgió a comienzos de los 50s con el objetivo de unificar el continente europeo por medios pacíficos, extendiendo una zona de prosperidad y estabilidad, para rescatar a las naciones, azotadas anteriormente por dos guerras mundiales. Lo que se buscaba en principio era lograr una integración económica, lo cual se consiguió poniendo en común las producciones de carbón y acero bajo la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), establecida en el Tratado de Paris en 1951, firmado por Bélgica, Alemania Occidental, Luxemburgo, Francia, Italia y los Países Bajos. El siguiente paso fue la firma Tratado de Roma en 1957, por el que se crearon la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que pone en común el manejo del material radioactivo, y la Comunidad Económica Europea, que buscaba eliminar las barreras comerciales entre los Estados firmantes y crear un mercado común. En 1958, cuando se introdujo el mercado común, Europa aún estaba emergiendo de un período de posguerra con escasez de alimentos, así que la principal prioridad de los países integrantes de la entonces Comunidad Económica Europea era garantizar el suministro de alimentos para la población civil en general, luego de la desmovilización de las tropas, la liberalización de los prisioneros de guerra y el regreso de los desplazados a sus hogares. La alternativa inmediata fue importar alimentos de Estados Unidos, donde la producción agrícola había aumentado enormemente durante la guerra, pero esto requería un enorme gasto en dólares, que eran escasos en Europa en ese momento, por lo que cada país Europeo dirigió su atención hacia sus propios recursos agrícolas. Dentro de la unión aduanera, establecida por el mercado común, uno de los sectores más protegidos por todos los países integrantes de la CEE era el de la agricultura. Esto no era resultado de un consenso común, ya que las políticas relacionadas con el comercio de productos agrícolas eran diferentes en cada uno de los Estados miembros, y tenían así mismo diferentes problemas. Era evidente la necesidad de establecer un mercado común en bienes agrícolas, pero para esto se 9 necesitaba una política agrícola común, y para llegar a un acuerdo sobre sus características se requería que cada país quisiera proteger no sólo sus sectores agrícolas, sino además los sectores agrícolas de sus socios. Sólo hasta 1962 se logró implementar la Política Agrícola Común (PAC), aunque la urgencia de llegar a un acuerdo sobre una política agrícola se expresó desde el Tratado de Roma, en el artículo 39, que estableció los siguiente objetivos para la agricultura europea: a) incrementar la productividad, b) garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores, c) estabilizar los mercados, d) garantizar la seguridad en el abastecimiento de productos agrícolas, y e) asegurar al consumidor precios razonables en los productos Sin embargo, el objetivo prioritario era lograr la autosuficiencia en la producción agrícola, lo cual se consiguió implementando medidas como el apoyo a los precios, los subsidios a la producción y la intervención en los mercados. Pero estas medidas, a pesar de aumentar el comercio en productos agrícolas dando como resultado una balanza comercial positiva para la CE, generaron problemas como la acumulación de excedentes, especialmente en la producción de cereales y carne, y con el tiempo se hizo evidente la presión internacional, que respondía ante los desequilibrios en el comercio causados por los subsidios a la producción agrícola dentro de la CE. Estas problemáticas y las diferentes ampliaciones de la CE a nuevos Estados miembros, cambiaron el contexto en el que se desarrollaba la PAC, pues casi tres décadas después, y con el ingreso de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido (1973), Grecia (1981), y España Finlandia y Suecia (1986), ya no era posible aplicar una política agrícola como la planteada en el Tratado de Roma de 19571. Como respuesta, desde finales de los 70s se han introducido una serie de reformas que han tenido en cuenta las señales de alerta y los cambios internos y externos que plantean nuevos retos para el desarrollo de la política agrícola en la UE. En efecto, a finales de la década de los 80s y comienzos de los 90s tuvieron lugar algunos de los acontecimientos que más han marcado el cambio y desarrollo 10 institucional y político de la UE2: la caída del muro de Berlín y posterior reunificación alemana, y el colapso de la Unión Soviética. Por más de 40 años la cortina de hierro había dividido el continente europeo entre un Occidente próspero y libre y un Este empobrecido y oprimido, y la Comunidad Europea, constituida entonces por seis miembros, se estaba expandiendo gradualmente para incluir casi toda la parte occidental del continente. Pero tras esta coyuntura, la EU prometió incluir a los países del Este para extender así la paz, estabilidad y prosperidad disfrutada en occidente, y al mismo tiempo reunificar el continente. Con esta ampliación se pretende borrar la división Este-Oeste que dejó la Guerra Fría, y curar las profundas heridas que, en casos como el de Polonia, había dejado la Segunda Guerra Mundial. Aunque no ha sido un proceso fácil, ya que los nuevos países tienen niveles de desarrollo económicos e institucionales inferiores a los de la UE, es un hecho inevitable y necesario que traerá beneficios y ganancias para ambas partes, si se tiene en cuenta la oportunidad ofrecida por los nuevos mercados, y la garantía de mantener o aumentar los niveles de crecimiento económico y reducir las brechas en la riqueza. Sin embargo, representa al mismo tiempo un reto, ya que este no es sólo un hecho político de la Unión no queriendo desconocer sus principios y ser señalada como un club para países ricos y privilegiados, sino que tiene un elevado significado económico al representar además la duplicación de la superficie agrícola comunitaria y de su población rural, requiriendo la integración de los sistemas agrícolas de los nuevos miembros.