La aplicación de los criterios ASG a través de las sociedades de beneficio e interés colectivo (BIC) en Colombia

Ante las necesidades sociales y ambientales que se presentan en un mundo globalizado como el que vivimos, las empresas se han visto en la necesidad de repensar el rol que cumplen dentro de la sociedad. Es así como los criterios ambientales, sociales y de gobernanza han adquirido mayor relevancia en...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/34570
Acceso en línea:
https://doi.org/10.48713/10336_34570
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/34570
Palabra clave:
Derecho
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Abierto (Texto Completo)
Description
Summary:Ante las necesidades sociales y ambientales que se presentan en un mundo globalizado como el que vivimos, las empresas se han visto en la necesidad de repensar el rol que cumplen dentro de la sociedad. Es así como los criterios ambientales, sociales y de gobernanza han adquirido mayor relevancia en el mundo de los negocios cambiando el paradigma de aquellos modelos que se fundamentan en el beneficio únicamente en pro de los accionistas a aquellas compañías que promueven el desarrollo ambiental y social. Como consecuencia de lo anterior, los Estados se han visto en la necesidad de regular este fenómeno y Colombia no es la excepción. Por medio de esta investigación, se busca presentar un recuento de los elementos normativos de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, comparando su regulación con la de Estados Unidos y Chile. En primer lugar, se procederá a hacer un recuento histórico de las sociedades mercantiles y del movimiento B, para entender la esencia de las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo. Posteriormente, se delimitará el alcance de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, evaluando su relevancia en el mercado, para finalizar, con un análisis respecto de la pertinencia de la implementación de la Ley 1901 de 2018.