Las garantías en la contratación administrativa (2000)
Introducción La contratación administrativa ha sido considerada como una herramienta a través de la cual el Estado puede desarrollar sus fines. Sin embargo, en un país tan complejo como el nuestro, esos fines no podrían realizarse sin utilizar figuras civiles y comerciales que permitan garantizar la culminación oportuna y adecuada de los contratos asignados a los particulares que coadyuvan con el Estado como administrador. Pero la oportunidad de colaborar con la ejecución de los contratos, brindada a los ciudadanos y sus empresas, no siempre fue garantizada por los mismos particulares, es a través de la evolución legislativa que se ha permitido trasladar esos riesgos también a entes particulares pero en todo caso solventes y hábiles para responder por terceros, en proyectos que involucran el capital del Estado como empresa. No obstante, la participación de los particulares como garantes en el tema de la contratación, ha sido seriamente cuestionada hasta el punto de pretenderse una conclusión generalizada de su inefectividad y ésta en mayor o menor grado dependiendo de la naturaleza que pretenda Por ello hemos pretendido explorar este tema y conocer las implicaciones de una póliza o una fianza a la hora de reclamarla. En todo caso, como profesionales del derecho y como ciudadanos, nos ha quedado claro que el tema es supremamente dialéctico y casi que se ajusta a las pretensiones académicas, judiciales o económicas de la época en que se trate y que más que necesitar de reforma legislativa para que se logre su efectividad, se requiere conciencia ciudadana para que se entienda el carácter social que existe detrás de cada una de las obras y una adecuada penalización del grave problema de corrupción que impera en nuestro país. Este ensayo se divide en cuatro capítulos. En el primero se hace una breve descripción de la contratación administrativa y la necesidad de obtener su efectividad. El segundo profundiza el estudio sobre las garantías en la ley 80 de 1993 y sus disposiciones complementarias, analizando tanto en el contrato de seguro como en la fianza y en el seguro que participa de la naturaleza jurídica de la fianza: su objeto específico, la legislación que se adopta como respaldo, sus elementos característicos, las partes, la reclamación y sus efectos. El tercero establece las herramientas jurídicas -procedimentales y judiciales-, con las que cuenta la Administración, el contratista y la entidad aseguradora, para hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, a saber: vía gubernativa, jurisdicción contencioso administrativa y jurisdicción coactiva. El cuarto hace referencia a la intervención de los órganos de control finalizando con las conclusiones.