Desarrollo del sistema penitenciario y carcelario colombiano entre 1995 y 2010: en el marco de las políticas de Estado a partir de las sentencias de la Corte Constitucional (2011)
En materia penal en Colombia se legisla al vaivén de los acontecimientos olíticos, sociales y de orden público, conforme a imposiciones foráneas, e incluso según lo reclame la propia sociedad civil cuando se agudiza en ella el proceso de victimización de algunas conductas. A pesar de que la Ley 890 de 2004 aumentó significativamente la pena para todos los delitos consagrados en el Código Penal, e incrementó para los eventos de concurso la pena de prisión hasta 60 años (art. 1º), el 16 de julio de 2008, se sancionó la Ley 1220 que incrementó las penas para los delitos contra la salud pública (Cap. I del Tít. XIII del CP), exactamente para: violación de medidas sanitarias; propagación de epidemias como el VIH y la hepatitis B; contaminación de aguas; corrupción de alimentos, productos médicos o profilácticos; imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias, y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud. En el 2008, ante el anuncio del presidente de perseguir la proliferación de las llamadas “pirámides”, a través de las cuales se captan dineros de manera ilegal, abusiva y habitual, inmediatamente el Congreso anunció el estudio del proyecto. En enero del mismo año se radicó un proyecto para sancionar la fabricación, el tráfico y el porte de armas blancas. En junio el Gobierno propuso aumentar las penas de prisión para los homicidas de sindicalistas. De esta manera, se aprobaron cuatro reformas cuyo propósito fue agudizar el castigo para los delincuentes.