El estado de emergencia: ‘decretismo’ y desequilibrio institucional (2020)
El 17 de marzo pasado el Gobierno declaró el estado de emergencia para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Esta figura le otorga unos poderes excepcionales por un tiempo limitado (según la Constitución, por un máximo de noventa días en un año calendario). El alcance de estas facultades es enorme. La puesta entre paréntesis de muchos de los contrapesos habituales otorga al Gobierno un aspecto dictatorial, en el sentido clásico de la palabra: una suspensión temporal del funcionamiento normal de la Constitución en nombre de su defensa. El riesgo de autoritarismo es el precio por pagar para controlar la situación.