Derechos colectivos y mecanismos para la defensa del interés ciudadano en relación con la moral administrativa y el patrimonio público

En el presente trabajo abordaremos el tema de las acciones de grupo, haciendo énfasis en las que tienen que ver con moralidad administrativa. Este estudio es importante ya que es necesario que la comunidad tenga claros los diferentes mecanismos que ponen a disposición la constitución y las leyes par...

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2002
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
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Derecho administrativo
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description En el presente trabajo abordaremos el tema de las acciones de grupo, haciendo énfasis en las que tienen que ver con moralidad administrativa. Este estudio es importante ya que es necesario que la comunidad tenga claros los diferentes mecanismos que ponen a disposición la constitución y las leyes para lograr el cumplimiento del derecho que tienen a la moralidad administrativa y a la transparencia, en el manejo del patrimonio público. Además, esta es una forma de desarrollar el principio de participación ciudadana, el cual busca que los ciudadanos contribuyan en el desarrollo de la administración pública, no solamente para controlar, sino también, para llegar a un acuerdo en cuanto a lo que es mejor para la comunidad, siendo los individuos que la conforman los expositores de sus propios intereses sin dejar que otros decidan por ellos, logrando de esta manera un postulado de la democracia y una nueva actitud ante lo público no de indiferencia sino por el contrario de activa intervención en aras del interés general. De otro lado las acciones públicas y de grupo fueron consagradas por la Constitución del 91 en el artículo 88, lo que denota que a pesar de que existan antecedentes en nuestra legislación acerca de este tema, este tipo de mecanismos de participación ciudadana son bastante nuevos, y por lo tanto, se hace necesaria una especial atención para ver el desarrollo de estas a través del tiempo, sobre todo en el tema de moralidad administrativa, debido a que este tipo de acciones conlleva la necesidad de un trabajo mayor por parte del accionante, puesto que el grado de conocimiento debe ser mayor, haciendo necesaria una investigación previa.
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Además, esta es una forma de desarrollar el principio de participación ciudadana, el cual busca que los ciudadanos contribuyan en el desarrollo de la administración pública, no solamente para controlar, sino también, para llegar a un acuerdo en cuanto a lo que es mejor para la comunidad, siendo los individuos que la conforman los expositores de sus propios intereses sin dejar que otros decidan por ellos, logrando de esta manera un postulado de la democracia y una nueva actitud ante lo público no de indiferencia sino por el contrario de activa intervención en aras del interés general. De otro lado las acciones públicas y de grupo fueron consagradas por la Constitución del 91 en el artículo 88, lo que denota que a pesar de que existan antecedentes en nuestra legislación acerca de este tema, este tipo de mecanismos de participación ciudadana son bastante nuevos, y por lo tanto, se hace necesaria una especial atención para ver el desarrollo de estas a través del tiempo, sobre todo en el tema de moralidad administrativa, debido a que este tipo de acciones conlleva la necesidad de un trabajo mayor por parte del accionante, puesto que el grado de conocimiento debe ser mayor, haciendo necesaria una investigación previa.application/pdfhttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21255spaFacultad de JurisprudenciaEspecialización en Derecho AdministrativoBloqueado (Texto referencial)http://purl.org/coar/access_right/c_14cbANALES. Congreso de la Republica de Colombia. Bogotá: ley 472 de 1998BEJARANO GUZMÁN. Ramiro. Acciones Populares y de Grupo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 1993.258 pCABANELLAS, Guillermo y ALCALA, Luis. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires, Argentina: Heliasta S.R.L.., tomo V, 15° ediciónCERRILLO MATINEZ. Agusti. Transparencia Administrativa. edición 2000.CIJUS. Estudios Ocasionales. Acceso a la Justicia y Defensa del Interés Ciudadano. Bogotá: Universidad de los Andes. Marzo de 2001. 80 p.CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia AP 170 – 01 del 16 de febrero de 2001. M.P. Alier Hernández.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 243 del 20 de mayo de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 503 del 4 de nov de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.• DEFENSORIA DEL PUEBLO. Acciones PGrupo. Bogotá: Memorias del Seminario internacional de Acciones Populares. Edición 1996.ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Etica Administrativa. Bogotá. 1992.GARCÍA DE ENTERRÍA. Eduardo. La Lucha contra las Inmunidades del Poder. 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