Las consultas populares mineras como mecanismos jurídicamente idóneos para prohibir la minería en las entidades territoriales
Con base en estos derechos de tercera generación las comunidades de las entidades territoriales han promovido algunas consultas populares, mecanismo constitucional que también nació con la Constitución de 1991, para oponerse, otras de las veces, a la extracción de minerales. En Colombia se han lleva...
- Autores:
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Velandia Navas, Dania Estefania
Granados Camacho, Karla Karolina
Amaya Callejas, Fray David
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/17401
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/17401
- Palabra clave:
- Consultas
Mineria
Entidades territoriales
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Con base en estos derechos de tercera generación las comunidades de las entidades territoriales han promovido algunas consultas populares, mecanismo constitucional que también nació con la Constitución de 1991, para oponerse, otras de las veces, a la extracción de minerales. En Colombia se han llevado a cabo en total nueve consultas populares mineras, cinco de ellas durante 2017: Carmen del Darién (2009), Piedras (2013) y Cabrera, Cajamarca, Pijao, Arbeláez y Jesús María (2017). Otras seis están en marcha. La mayoría de las consultas populares mineras contaron con una participación del electorado por encima del umbral (33%) y dieron como resultado que más del 90% de los asistentes votaran oponiéndose un proyecto minero en específico o a la minería en general en sus territorios. A pesar de los resultados concluyentes, el Gobierno Nacional, en compañía de las empresas multinacionales, no reconocen la manifestación ciudadana y aluden que la minería es un sector de interés público y nacional por lo que las decisiones al respecto deben ser tomadas por el Estado y sus entidades nacionales (ministerios, agencias de minería) y no por entidades municipales o por el pueblo. Actualmente, impera la controversia, tanto a nivel jurídico como político, con respecto a la validez, legalidad y legitimidad de las consultas populares como mecanismo de participación ciudadana que busca oponerse a la extracción de minerales en un territorio determinado; sin embargo, las consultas realizadas empiezan a tener repercusiones políticas, ya que en algunos casos ayudaron a que los proyectos mineros se detuvieran temporalmente, tuvieran que ser modificados en su diseño o, inclusive, lograron detenerlos. |
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La mayoría de las consultas populares mineras contaron con una participación del electorado por encima del umbral (33%) y dieron como resultado que más del 90% de los asistentes votaran oponiéndose un proyecto minero en específico o a la minería en general en sus territorios. A pesar de los resultados concluyentes, el Gobierno Nacional, en compañía de las empresas multinacionales, no reconocen la manifestación ciudadana y aluden que la minería es un sector de interés público y nacional por lo que las decisiones al respecto deben ser tomadas por el Estado y sus entidades nacionales (ministerios, agencias de minería) y no por entidades municipales o por el pueblo. Actualmente, impera la controversia, tanto a nivel jurídico como político, con respecto a la validez, legalidad y legitimidad de las consultas populares como mecanismo de participación ciudadana que busca oponerse a la extracción de minerales en un territorio determinado; sin embargo, las consultas realizadas empiezan a tener repercusiones políticas, ya que en algunos casos ayudaron a que los proyectos mineros se detuvieran temporalmente, tuvieran que ser modificados en su diseño o, inclusive, lograron detenerlos.For decades, the Colombian economic model has been extractive: extracting minerals to sell them as raw material. The value added by the Colombian State leaves it aside for the developed States to benefit from this practice. Mineral extraction generates impact (sometimes excessively harmful) not only in the subsoil, but in the soil. Over time, communities have been empowered and through certain legal mechanisms they have tried to ensure that mineral extraction is not carried out in their regions; The reasons used by mining opponents are generally ecological. One of these legal mechanisms is the popular consultations, which, when used regularly by local leaders, have caused the central government, urged by the mining multinationals, to be alarmed greatly and interpose all kinds of resources to prohibit such practice. The Constitutional Court has ruled in this regard. At first, he argued that territorial entities could, via popular consultation, prohibit mining in their territories if they considered extraction to be inconvenient; then, in response to a guardianship action filed by a foreign mining multinational, the Court argued that territorial entities could not prohibit mining in their territories via popular consultation. This setback originated the thesis of this academic work, since the authors consider that under the protection of the principle of progressivity the Court should not have made such a decision.1. La consulta popular. -- 2. ¿Qué es?. -- 3. ¿cómo se implementa?. -- 4. ¿para qué sirve?. -- 5. ¿quiénes puede promoverla?. -- 6. ¿cuáles son sus implicaciones?. -- 7. Qué es una consulta popular?. -- 8. ¿Para qué sirve una consulta popular?. -- 9. ¿Cuáles son sus implicaciones de la consulta popular?. -- 10. Pormenores del uso del subsuelo colombiano. -- 11. Es imposible no afectar el suelo cuando se interviene el subsuelo. -- 12. La Corte Constitucional declara inexequible el artículo 33 de la Ley 136 de 1994. -- 13. La Corte Constitucional aval a las consultas populares mineras promovidas por los municipios. La Corte Constitucional prohíbe las consultas populares mineras promovidas por los municipios. ¿Es conveniente, jurídicamente, que la Corte Constitucional cambie su jurisprudencia en lo alusivo a las consultas populares mineras?. -- 13. La Corte Constitucional cambia su jurisprudencia. ¿Viola ello el Principio de Progresividad?. -- 14. ¿A qué alude el Principio de Progresividad?. -- 15. ¿Es ecológica Constitución Política de Colombia?. -- 16. El medio ambiente es un derecho fundamental. -- 17. Conclusiones. -- 18. Referencia.dania.velandian@campusucc.edu.cokarka.granadosc@campusucc.edu.cofray.amayac@campusucc.edu.coUniversidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Derecho, Derecho, AraucaAraucaDerechoConsultasMineriaEntidades territorialesTG 2020 DER 17401Las consultas populares mineras como mecanismos jurídicamente idóneos para prohibir la minería en las entidades territorialesTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAtribucióninfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Alcaldía de Bogotá. (26 de 12 de 2000). https://www.alcaldiabogota.gov.co. Recuperado de https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3767Atlas de Justicia Ambiental. (s.f). www.ejatlas.org. Recuperado de https://www.ejatlas.org/print/destruccion-ecosistema-bioestrategico-el-lipa-arauca-colombiaBotero, D. (2003). La propiedad del subsuelo en Colombia y la explotación de los hidrocarburos: ¿de quién es el petróleo? Universidad de los Andes.Consejo de Estado, Fallo 66203 de 2013. C.P. María Claudia Rojas Lasso. (s.f.).Constitución Política de Colombia. (art. 322). http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-1/articulo-332. Recuperado de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-1/articulo-332Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, art. 26. (s.f.).Corte Constitucional, Sentencia C-443/09.Corte Constitucional, Sentencia C-551-03.Corte Constitucional, Sentencia t-445-16Corte Constitucional Sentencia T-325/17.Corte Constitucional, Comunicado No. 40 del 11 de Octubre. (2018).Corte Constitucional, Sentencia C-443/09Corte Constitucional, Sentencia 431 de 2000.Corte Constitucional, Sentencia C-123/14.Corte Constitucional, Sentencia C-288/12.Corte Constitucional, Sentencia C-556 de 2009.Corte Constitucional, Sentencia Sentencia C-053/19.Corte Constitucional, Sentencia SU095/18.Corte Constitucional, Sentencia T - 445 de 2016.Corte Constitucional, Sentencia T-299 de 2008Corte Constitucional, Sentencia T-406/1992.Corte Constitucional, Sentencia T-469/13Corte Cosntitucional, Sentencia T-251/93.Corte Cosntitucional, Sentencia T-254/93.DANE. (s.f.). https://www.dane.gov.co. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentalesDejusticia. (2018). Recuperado de https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2018/03/Intervencio%CC%81n-Art.-33-Consultas-Populares.pdfDietz, K. (2018). Consultas populares mineras en Colombia: Condiciones de su realización y significados políticos. 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Recuperado de https://www.registraduria.gov.co/Siete-pasos-para-adelantar-las.htmlSantamaría, A. (2015). Caracterización de los conflictos socioambientales generados por la industria petrolera en la zona de influencia del ecosistema Esteros y laguna del Lipa, departamento de Arauca. Bogotá: Federación Luterana Mundial. Recuperado el 22 de 4 de 2019, de https://colombia.lutheranworld.org/sites/default/files/documents/cartilla_lipa-_segunda_edicion.pdfTrujillo, A. (s.f.). La consulta popular en el derecho colombiano.Verdad Abierta. (5 de 5 de 2015). https://verdadabierta.com. 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