Las consultas populares mineras como mecanismos jurídicamente idóneos para prohibir la minería en las entidades territoriales

Con base en estos derechos de tercera generación las comunidades de las entidades territoriales han promovido algunas consultas populares, mecanismo constitucional que también nació con la Constitución de 1991, para oponerse, otras de las veces, a la extracción de minerales. En Colombia se han lleva...

Full description

Autores:
Velandia Navas, Dania Estefania
Granados Camacho, Karla Karolina
Amaya Callejas, Fray David
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/17401
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/17401
Palabra clave:
Consultas
Mineria
Entidades territoriales
TG 2020 DER 17401
Rights
openAccess
License
Atribución
Description
Summary:Con base en estos derechos de tercera generación las comunidades de las entidades territoriales han promovido algunas consultas populares, mecanismo constitucional que también nació con la Constitución de 1991, para oponerse, otras de las veces, a la extracción de minerales. En Colombia se han llevado a cabo en total nueve consultas populares mineras, cinco de ellas durante 2017: Carmen del Darién (2009), Piedras (2013) y Cabrera, Cajamarca, Pijao, Arbeláez y Jesús María (2017). Otras seis están en marcha. La mayoría de las consultas populares mineras contaron con una participación del electorado por encima del umbral (33%) y dieron como resultado que más del 90% de los asistentes votaran oponiéndose un proyecto minero en específico o a la minería en general en sus territorios. A pesar de los resultados concluyentes, el Gobierno Nacional, en compañía de las empresas multinacionales, no reconocen la manifestación ciudadana y aluden que la minería es un sector de interés público y nacional por lo que las decisiones al respecto deben ser tomadas por el Estado y sus entidades nacionales (ministerios, agencias de minería) y no por entidades municipales o por el pueblo. Actualmente, impera la controversia, tanto a nivel jurídico como político, con respecto a la validez, legalidad y legitimidad de las consultas populares como mecanismo de participación ciudadana que busca oponerse a la extracción de minerales en un territorio determinado; sin embargo, las consultas realizadas empiezan a tener repercusiones políticas, ya que en algunos casos ayudaron a que los proyectos mineros se detuvieran temporalmente, tuvieran que ser modificados en su diseño o, inclusive, lograron detenerlos.