La potestad tributaria de las asambleas departamentales desde la Constitución Política de 1991

La Carta Política de 1991, dentro de su parte orgánica, ha establecido una serie de mecanismos normativos, los cuales expresan las funciones, relaciones, competencias, y procedimientos, de forma que las instituciones recurran para la toma de sus decisiones según sea el caso, al nivel nacional, departamental y municipal, atendiendo a los principios de autonomía territorial, descentralización y de separación de poderes. En este sentido, a estas corporaciones se les ha provisto de facultades Constitucionales que le entregan ciertas potestades frente al funcionamiento del respectivo ente territorial. Muchas veces se ha especulado sobre posibilidad de que las facultades que se le atribuyen a las Corporaciones del orden territorial invaden la órbita de competencias que le son inherentes a los órganos del orden nacional (y particularmente al Congreso), tanto por principio de unidad como por determinación de la Constitución y la Ley. Y es que la función de crear impuestos recae de forma exclusiva en el Congreso de la República en todo el orden nacional, pero en relación al orden Departamental es prudente traer a relucir la importancia de la materialización de los principios constitucionales frente a la necesidad del orden regional, habida cuenta que la institución llamada a establecer y desarrollar normativamente los aspectos tributarios regionales es la Asamblea Departamental, pues limitar la autonomía territorial y supeditar a la voluntad del legislados es un punto que puede presentar características de restricción en el desarrollo regional y nacional, pero claro, el tema que se plantea es en el marco del principio de legalidad pues las Asambleas Departamentales lo que efectuarán es abordar los postulados constitucionales y legales. El artículo 338 de la Carta Política indica la competencia que tienen los entes territoriales para que, a través de sus órganos de representación popular, determinen los presupuestos objetivos de los gravámenes, de acuerdo con la ley, sin que tal facultad sea exclusiva del Congreso, pues de lo contrario se haría nugatoria la autorización que expresamente la Carta les ha conferido a los departamentos y municipios en tales aspectos. Es preciso mencionar que en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, tal y como se mostrará más adelante, se ha reconocido que el Congreso de la República cuenta con la potestad de fijar elementos de tributos de carácter nacional, lo cual resulta dificultoso de realizar en todo el territorio nacional, es por ello, que en orden a preservar la autonomía fiscal de nuestro Estado y en virtud de lo cual la carta política de 1991, atendiendo a los principios de autonomía territorial, separación de poderes y descentralización, otorga facultades a diferentes entidades territoriales en lo pertinente a los tributos, 7 en lo que tiene que ver con la creación o la autorización de la creación de los mismos, o su regulación en general. De esta forma, respecta a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales, la competencia para fijar los elementos impositivos en orden a preservar la autonomía fiscal de nuestro Estado. Empero, esta facultad no puede entenderse de forma ilimitada, pues a pesar de que el Congreso es el órgano nacional competente para establecer el tributo de forma principal, a su vez, los Concejos y las Asambleas, cuentan con una función de fijación de los demás elementos especiales del tributo, de forma derivada, lo cual significa que si bien nuestra carta política les otorga autonomía territorial que comprende diferentes orbitas, como lo son la financiera, tributaria y administrativa, el ejercicio de aquellas facultades debe atender los parámetros y límites que la Constitución y las Leyes han dispuesto para ello. En lo que refiere a la competencia en materia impositiva de los departamentos, se debe decir que no es ilimitada, pues no puede excederse al punto de establecer tributos ex novo, porque la facultad creadora está atribuida al Congreso, pero a partir del establecimiento legal del impuesto, los mencionados entes territoriales, de conformidad con las pautas dadas por la ley, pueden establecer los elementos de la obligación tributaria cuando aquella no los haya fijado directamente. Así pues y en virtud de los principios de autonomía y descentralización territorial, el criterio actual de la jurisprudencia en materia de la facultad impositiva territorial reconoce la autonomía fiscal de los municipios y departamentos para regular directamente los elementos de los tributos que la ley les haya autorizado, sin que esto signifique que estos poseen soberanía tributaria. De tal forma, a partir de la norma superior promulgada en el año 1991, la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden determinar los elementos del tributo, de conformidad con los principios enunciados anteriormente y podremos observar, que la jurisprudencia de las altas corporaciones reseñadas, han sido armónicas desde ese momento en delimitar las facultades impositivas que en materia tributaria corresponden al Congreso y las Asambleas Departamentales, concluyendo que el primero es quien ostenta la titularidad preferente, pero no absoluta, en esta materia.

• Autores: Muñoz Leguizamo, Andres Mauricio; Reyes Manchola, Jesus Arbey
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2018
• Institución: Universidad Cooperativa de Colombia
• Repositorio: Repositorio UCC
• OAI Identifier: oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/33983
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/20.500.12494/33983
• Palabra clave: Potestad Tributaria; Asamblea departamental; Constitución política; TG 2018 DER 33983; Power Tax; Departmental Assembly; Political Constitution
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• License: Atribución