Negación de la función jurisdiccional a la contraloría general de la república en el acto legislativo 04 de 2019

Este trabajo aborda el problema de investigación referente a las razones que llevaron al Congreso de la Republica a no conceder funciones jurisdiccionales a la CGR, como así se denota su ausencia en el Acto Legislativo 04 de 2019; por lo cual el objetivo general esta direccionado a identificar y analizar dichas razones que sustentan tal negativa. En ese orden de ideas, como metodología de la investigación se plantea un alcance jurídico explicativo o causal sobre diferentes fuentes: Unas que surten trámite en el Congreso de la República, háblese, de proyectos de acto legislativo y, gacetas donde se sintetizan los diferentes debates y conclusiones sobre el estudio de estos proyectos; otras normativas, háblese, de la Constitución Política de Colombia de 1991, la CADH, acto legislativo, leyes y decretos ley en materia de control fiscal y, jurisprudencia nacional e internacional; además de conformidad con las reglas de la investigación bibliográfica se consultan varios autores y pensadores en sus distintos textos y/o libros; como también se consultan artículos de repositorio y revistas, prensa en la web y; se toma nota de la participación de diferentes personalidades en noticiero nacionales y en precongreso de derecho procesal. Finalmente, la metodología jurídico explicativo o causal se complementa con información cuantitativa, en muestra, respecto al estado del trámite del control jurisdiccional de los fallos de responsabilidad fiscal. Y como resultados de la investigación se registra: (i) Que la vigilancia y el control fiscal están soportados en materia constitucional en el Superior de 1991 y en materia legal, en las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011 y, en un reciente Decreto Ley 403 de 2019; (ii) que el proceso de responsabilidad fiscal es garantista del debido proceso pilar dispuesto en el artículo 29 del Superior de 1991; (iii) que bajo mandato del artículo 116 del Superior de 1991 es viable conceder funciones jurisdiccionales en casos excepcionales y en materias precisas a ciertas autoridades administrativas, pero cumpliendo ciertas prevenciones conforme lo indica la Sentencia C-156 de 2013; (iv) que a la luz especialmente de la Sentencia C-111 de 2019 no solo el juez penal tiene la competencia para limitar los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular sino que también lo pueden hacer autoridades administrativas y judiciales, siempre que se respeten las garantías al debido proceso del artículo 29 del Superior de 1991 y 8 de la CADH; (v) y que en la actualidad el trámite de control jurisdiccional de los fallos de responsabilidad fiscal ha sido superior a un año, lo que va en contravía de lo tipificado en el Superior de 1991 conforme a lo definido en Acto Legislativo 04 de 2019.

• Autores: Hernández Barriga, Mario Fernando
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2022
• Institución: Universidad Cooperativa de Colombia
• Repositorio: Repositorio UCC
• OAI Identifier: oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/46660
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/20.500.12494/46660
• Palabra clave: Debido proceso; Garantías judiciales; Funciones jurisdiccionales; Autoridades administrativas; Interpretación armónica; Derechos políticos; TG 2022 DER 46660; Due process; Judicial guarantees; Jurisdictional functions; Administrative authorities; Harmonic interpretation; Political rights
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