Análisis sistémico de la defensa legítima privilegiada en marco del Estado Social de Derecho y Sistema Penal Acusatorio en Colombia

La legítima defensa privilegiada fue positivizada en la normatividad penal por medio de la Ley 2197 de 2022 (Ley de seguridad ciudadana, 2022) que modifico la Ley 599 del 2000 (Código Penal, 2000), introduciendo el numeral 6.1 del artículo 32 del Código Penal, que realiza modificación en la presunci...

Full description

Autores:
Henao Rodríguez, Jineth Yoely
Cedeño Cruz, Yilber Stiven
Balcazar Pulido, Juan Camilo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/48449
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/48449
Palabra clave:
Proporcionalidad
Presunción
Fuerza letal
Racionalidad
TG 2022 DER 48449
Presumption
Proportionality
Lethal force
Rationality
Rights
openAccess
License
Atribución – No comercial – Sin Derivar
Description
Summary:La legítima defensa privilegiada fue positivizada en la normatividad penal por medio de la Ley 2197 de 2022 (Ley de seguridad ciudadana, 2022) que modifico la Ley 599 del 2000 (Código Penal, 2000), introduciendo el numeral 6.1 del artículo 32 del Código Penal, que realiza modificación en la presunción en los casos de aquella defensa utilizada para repeler aquel extraño que por actos de violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, o vehículo ocupado, incluso usando la fuerza letal. La interpretación de este articulado ha generado gran discusión en diferentes estadios jurídicos y sociales, ya que se puede inferir una prerrogativa del Estado, para que los ciudadanos en casos específicos puedan acudir incluso a la fuerza letal, para la protección de un derecho propio o ajeno, en los casos anteriormente mencionados. Todo lo anterior en marco de una política de seguridad del Estado. De esta manera esta investigación jurídica realizo un análisis que determino los alcances y principales problemas de la legitima defensa privilegiada, concluyendo que esta figura jurídica no contribuye en una disminución de la inseguridad del país, pero si crea graves riesgos jurídicos frente a una errónea interpretación de la norma por parte de los particulares.