Garantías constitucionales para la población desplazada con discapacidad a partir de las recomendaciones de la ONU al artículo 27 convencional
Durante el conflicto armado que ha afrontado Colombia ha dejado innumerables víctimas, dentro del cual encontramos a la población desplazada en condición de discapacidad, esta puede ser previa o consecuencia del mismo desplazamiento e incluso posterior a ello, la cual puede ser física o psicológica....
- Autores:
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Balta Lopez, Leidy Tatiana
Caceres Baez, Hilda Nereyda
Carvajal Eregua, Nay Fair
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/16714
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/16714
- Palabra clave:
- Discapacidad
Victima
Conflicto Armado
Inclusión Social
Desplazamiento Forzado y derechos
TG 2019 DER 16714
Victim
Armed Conflict
labor inclusion
Forced Displacement and rights
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución – Sin Derivar
Summary: | Durante el conflicto armado que ha afrontado Colombia ha dejado innumerables víctimas, dentro del cual encontramos a la población desplazada en condición de discapacidad, esta puede ser previa o consecuencia del mismo desplazamiento e incluso posterior a ello, la cual puede ser física o psicológica. Las diferentes normas e instrumentos internacionales ratificados por Colombia promueven y resguardan los derechos humanos de todas las personas, obligando a los Estados a garantizar y promover la plena realización de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de todas las personas incluyendo aquellos que padecen algún tipo de discapacidad. En el trabajo se advierte una investigación académica a los diversos contenidos normativos de los derechos de la persona con discapacidad y víctimas del Conflicto Armado. En razón a ello, analizamos las recomendaciones emitidas por el comité de las Naciones Unidas en el año 2016 en su artículo 27 de la Convención, evidenciando que el Estado colombiano ha garantizado a través de sus políticas públicas la inclusión laboral a la población en condición de discapacidad y la priorización cuando estos son víctimas del conflicto armado. |
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