El ministerio público como interviniente en el proceso penal: ¿desequilibrio procesal o justicia material? (2022)
El sistema procesal penal colombiano implementado a través del Acto Legislativo 03 (2002) y desarrollado por la Ley 906 (2004), tiene como característica ser un sistema de corte acusatorio el cual se caracteriza por ser un sistema adversarial y de partes, en el cual son partes en litigio la Fiscalía General de la Nación y el procesado penalmente y su apoderado judicial; siendo un sistema adversarial resulta extraña la existencia del ministerio público como interviniente especial del proceso que tiene asignadas unas facultades, derechos y deberes dentro de la actuación procesal que pueden tener injerencia directa en los resultados procesales al ser valorada su intervención por parte del operador judicial. El sistema penal acusatorio concebido a través de la Ley 906 (2004), se caracteriza por ser un sistema garantista de los derechos y garantías del procesado penalmente, por lo cual resulta necesario el estudio de la figura del ministerio público como interviniente especial, el cual además tiene facultades durante toda la actuación procesal y cuya intervención se da de conformidad con la protección del orden jurídico y justo, sin embargo, en dicha intervención, se hace necesario establecer si puede generar un desequilibrio al principio de igualdad de armas cuando su participación en el proceso favorece la teoría del caso de la fiscalía o de la defensa. El enfoque de la presente investigación está orientado a valorar si la participación en el proceso penal por parte del ministerio público afecta o no el principio de igualdad de armas generando un desequilibrio procesal o una justicia material.