El derecho de petición y sus modificaciones en tiempos de pandemia, en el marco del derecho administrativo (2023)
El Estado colombiano es considerado un Estado garante, ello derivado de las propias concepciones y apreciaciones que a simple vista se pueden evidenciar dentro de la carta magna, donde semánticamente se denota los derechos y deberes de los que al interior de la nación residimos, encontrando un Estado social y de derechos en donde el reconocimiento de los deberes cobra gran pilar en la regulación de la sociedad. Bajo la anterior premisa, evidenciamos los derechos, que encasillados en distintos grupos según su esencia y particularidad, dotan a los nacionales y residentes de garantías al interior del mismo, ejemplo de ello, el derecho de petición, que consagrado dentro del primer grupo de derechos “derechos fundamentales” enmarcan y regulan la posibilidad de hacer exigible aquel derecho subyacente de conocimiento, facultando así a las personas, a acudir en la búsqueda de una respuesta que garantice su contestación bajo determinadas premisas. Así, el ya dotado derecho de petición, al ser un derecho fundamental sirve comúnmente como puente interlocutorio entre la administración y los administrados, encajando los requisitos tanto para su presentación, como para su respuesta, razón por la cual, debe enmarcarse conceptualmente a fin de determinar su esencia y evidenciar sus particularidades. Es por lo anterior, que el presente trabajo de investigación propone estudiar desde su estado primario lo entendido por derecho de petición, así como también exhibir los cambios acaecidos sobre este, desde la actual constitución colombiana, estableciendo a su vez, los parámetros a considerar para su aplicación teniendo en cuenta principios rectores constitucionales.