Análisis de la consulta previa como mecanismo de participación ciudadana en la protección del medio ambiente (2024)
Este artículo extracta datos importantes investigativos realizados sobre la aplicabilidad jurídica del Acuerdo de Escazú (Gómez Peña, 2015), cuya ley aprobatoria (Ley 2273 de 2022), decreta el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, donde Colombia se encuentra entre los países que tienen la gran oportunidad de alcanzar la democratización ambiental. El principal propósito de este trabajo es demostrar que, si bien Colombia tiene un ámbito legal que ha ido evolucionando con la ratificación de este importantísimo acuerdo, aún existen diversas problemáticas ambientales como el comercio ilegal de especies, minería ilegal, y otros tantos hechos. En ocasiones, por desconocimiento o negligencia de entidades públicas, se han generado diferentes procesos legales por no involucrar a los pobladores en la discusión, resolución de medidas y ejecución en proyectos ambientales a través de la consulta previa. Es preciso señalar que la implementación del Acuerdo y las políticas medioambientales que proclama la Constitución Política Colombiana minimizaría el impacto negativo de estos proyectos, contribuyendo a optimizar los estándares en pro de la defensa y supervivencia del medio ambiente, conservación de especies y el cuidado y protección de las agrupaciones que se localizan en el espacio geográfico de la región colombiana.