La protección constitucional del derecho a la protesta por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en Colombia entre 2018 y 2022 (2023)
A pesar del alto uso de la protesta en el país como forma de expresión de exigencias frente al Estado, y de que la jurisprudencia constitucional ha sido fundamental para precisar el alcance de los derechos de reunión y protesta, han sido pocas las decisiones en las que las altas cortes abordan la protesta desde una perspectiva analítica de principios y derechos fundamentales. No obstante, este escenario parece haber cambiado a raíz de los acontecimientos derivados de las protestas extendidas a lo largo y ancho del país entre 2019 y 2021. Muestra de esto es la sentencia STC7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia, en la que se evidencia un problema nacional de intervención violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en varias manifestaciones ciudadanas y se adoptan una serie de medidas que ponen en el debate público el alcance que las decisiones judiciales pueden tener frente a la solicitud de tutela de derechos que tengan impacto en escenarios de política pública. Teniendo en cuenta que el estudio de la protesta en Colombia se ha centrado en el análisis de las disposiciones normativas que regulan su ejercicio y control abordando escasamente el rol de la rama judicial en su protección, se analizaron las sentencias de tutela de las altas Cortes en las que se resuelve con relación a la protección de la protesta con el objetivo de determinar cuáles han sido los factores jurídicos que han incidido en el impacto de la protección constitucional del derecho a la protesta por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en Colombia entre 2018 y 2022, haciendo uso de una metodología cualitativa descriptiva partiendo de un enfoque analítico para examinar la implementación de los fallos constitucionales derivado de los estudios jurídicos internacionales.