La captura preventiva administrativa como mecanismo de lucha contra la impunidad (2006)
El objetivo que se persiguió con la elaboración de esta investigación, fue el de demostrar jurídicamente la importancia de la captura preventiva administrativa constitucional, por no existir otra figura que la reemplace, de igual forma es empleada por la Policía Nacional, dentro de sus funciones de Policía Administrativa como estrategia para garantizarle a la sociedad el derecho a un orden justo, seguro, tranquilo y a una eficiente investigación de los delitos y administración de Justicia. Para el logro de este trabajo, se desarrollaron varios capítulos, entre los cuales se realizó un cuestionario sobre la captura preventiva, en los que se recopilaron, tabularon, analizaron e interpretaron los datos de cada una de las preguntas, además se hizo un reporte gráfico de los resultados del cruce de las variables, con el fin de detectar los alcances y límites que tiene la figura jurídica. Se pudo evidenciar que la captura preventiva es conocida a nivel interno de la institución policial y rama judicial, haciéndose necesario que el legislador lo analice y fije pautas para su alcance, interpretación y ejecución en el territorio nacional. Es importante destacar que no existe otra figura o fenómeno que remplace la captura preventiva constitucional, encontrándose algunas falencias en cuanto a su interpretación jurídica, toda vez que excepcionalmente esta consagrada en la sentencia C-024 de 1994 y no en una norma expedida por el congreso de la república, ya que el legislador aún no ha previsto sus limites y alcances en la normatividad colombiana. Se concluye que se requiere con urgencia que el legislador fije parámetros para conocer el alcance y los límites de la captura preventiva, por ser considerada como la única captura que se encuentra reglamentada excepcionalmente por una sentencia constitucional, pero se trata de una constitucionalidad condicionada puesto que ella se fundamenta en el artículo 28 transitorio, por lo cual sólo opera hasta tanto el legislador expida la ley que le confiere por vía definitiva a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionados actualmente con pena de arresto.