Centro deTraslado por Protección (CTP) a la luz de los Derechos Humanos por el estado Colombiano, en época de pandemia por Covid-19 en la ciudad de Pasto, Nariño

La investigación aborda la problemática de la aplicación y funcionamiento del Centro de Traslado por Protección (CTP) bajo la Ley 1801 de 2016 en el contexto de los derechos humanos y la Constitución Nacional de Colombia, específicamente en Pasto, Nariño, durante la pandemia de COVID-19. Con un dise...

Full description

Autores:
Zambrano Agreda, Christian Esteban
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/56261
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/56261
Palabra clave:
Centro de Traslado por Protección (CTP)
Derechos Humanos
Pandemia Covid-19
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description
Summary:La investigación aborda la problemática de la aplicación y funcionamiento del Centro de Traslado por Protección (CTP) bajo la Ley 1801 de 2016 en el contexto de los derechos humanos y la Constitución Nacional de Colombia, específicamente en Pasto, Nariño, durante la pandemia de COVID-19. Con un diseño descriptivo y enfoque cualitativo, el estudio utiliza entrevistas abiertas y estructuradas, métodos de observación y revisión documental para analizar y comparar contextos similares, como la privación de libertad y la retención transitoria. El estudio examina la aplicación del CTP según la Ley 1801 de 2016, modificada por la Ley 2197 de 2022 y el Decreto 207 de 2022, destacando sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional que subrayan la necesidad de lugares adecuados y no sancionatorios para el traslado por protección. La Corte Constitucional, en su Comunicado de Prensa No. 9 del 22 y 23 de marzo de 2023, establece las condiciones del debido proceso para estos traslados. La investigación destaca la interacción de la administración municipal de Pasto y los funcionarios públicos, con énfasis en la garantía de los derechos humanos y la percepción comunitaria, proporcionando un sustento teórico para identificar la falta de garantías de seguridad y convivencia durante la pandemia, que abarcó del 25 de marzo de 2020 al 1 de julio de 2022.